Un sargento y diez soldados, quienes el 24 de julio pasado protestaron porque no los incluyeron como beneficiados del bono de 600 dólares mensuales que les entregaron a los policías, han sido dados de baja (retirados) de la Fuerza Armada, según confirmó uno de los abogados defensores.
Sin embargo, los tres oficiales que son acusados de promover la protesta siguen siendo procesados disciplinariamente y aún siguen de alta en la Fuerza Armada.
El jefe de la oficina de prensa de la Fuerza Armada coronel Guillermo Galicia no confirmó de que el sargento y los soldados hayan sido separados de la institución militar.
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Explicó que el proceso disciplinario en contra de los 14 militares, entre éstos los tres oficiales, todavía sigue su curso y que en ningún momento se ha tomado una decisión al respecto.
Sin embargo, el abogado, quien prefirió el anonimato, explicó que el retiro de los militares obedece a que se les había terminado el contrato de sus servicios en la institución armada y por lo tanto no pueden ser sometidos al proceso disciplinario porque ya no son regidos por las leyes militares, pero no reveló si podían ser juzgados en un tribunal común.
Los once militares que se supone han sido separados de la institución militar estaban arrestados de forma preventiva en el Batallón de Seguridad Militar, instalaciones donde funcionó la extinta Guardia Nacional.
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Por el momento, los catorce soldados están a la espera de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que estudia un recurso de exhibición personal presentado por el abogado Luis Arquímides Servellón Rodríguez.
La intención del recurso es que los militares sean puestos en libertad, por considerar que con esas detenciones se les viola el derecho a la libertad, pues según el abogado Servellón se trata de un “abuso del Derecho Penal para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión (de los militares)”.
Los tres oficiales y los once soldados son acusados bajo el Código de Justicia Militar por el delito de sedicción.