Las propuestas de reforma para poner penas de cárcel por difamar, calumniar e injuriar no solo son calificadas de ser una “mordaza”, sino también de ser una medida que va contra la libertad de expresión y la misma Constitución.
Instituciones como la Fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social (Fusades), la Fundación nacional para el desarrollo (Funde), a través de su oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresaron ayer su total rechazo a la medida y señalan que buscan no solo retroceder en materia de libertad de expresión, sino también que se perfilan como herramientas para acallar a los medios de comunicación.
En la sesión plenaria del jueves, diputados de GANA introdujeron una petición para cambiar las multas a los delitos de calumnia, difamación e injuria, estipuladas en el Código Penal por penas que van de 1 a 8 años de prisión. La solicitud contó con el apoyo del diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.
Sobre la propuesta, el coordinador de Funde-ALAC, Roberto Burgos, afirmó que atenta contra los artículos 1, 6, 11 y 18 de la Constitución de la República, que garantizan la libertad de las personas a acceder a la información.
“Esta iniciativa pretende promoverse cuando se está señalando el enriquecimiento desproporcionado de muchos políticos, incluyendo a GANA. En el caso de aprobarse, no solo está sujeta a una declaratoria de inconstitucionalidad sino que demuestra muy poco conocimiento del derecho de los diputados de GANA y el poco compromiso con la libertad de expresión”, señaló.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, expresó su preocupación por esta iniciativa que busca imponer nuevamente penas de prisión cuando en 2011 se cambiaron a multas.
“Vemos con preocupación que en el actual contexto que los medios de comunicación, la prensa escrita principalmente, han sacado a la luz pública presuntos casos de enriquecimiento ilícito aparezca una iniciativa de esta naturaleza, que vendría a limitar la libertad de expresión. Eso es sumamente delicado y nosotros como Fusades esperamos que esa iniciativa sea totalmente rechazada y que no se vaya a aprobar”, apuntó.
El presidente de la APES, Serafín Valencia, también coincidió que de aprobarse tales reformas se estaría dando un retroceso en materia de libertad de expresión.
“Se estaría dando un retroceso en el ámbito de las garantías de la libertad de expresión y yendo en contra de las mismas leyes que el Estado salvadoreño ha pactado a nivel interamericano”, opinó.
Aseveró que resulta contradictoria la propuesta porque, precisamente, fueron los diputados de GANA los que en 2011 promovieron una iniciativa que pedía lo contrario: despenalizar los delitos contra el honor.
Justifica la propuesta
El diputado de GANA, Guillermo Gallegos, aseguró que debido a que actualmente en el país hay una serie de señalamientos e “injurias” que se están cometiendo a nivel de publicaciones es que se promovió la propuesta.
“Y no nos referimos a los medios serios y responsables que pueden señalar, pero aquellos que abusan y que es un delito que está contemplado en la ley, solo que hoy lo estamos elevando a categoría de años (de) cárcel”, justificó.
Sin embargo, Gallegos negó que las reformas que proponen estén destinadas a querer coartar el derecho de información o la libre expresión.
Ayer en una entrevista matutina, diputados de ARENA afirmaron que con este tipo de cambios al Código Penal buscan amenazar a periodistas, tal como pasa en países como Venezuela.
El tricolor Donato Vaquerano expresó que esto no es nada más que un “amedrentamiento” para que los periodistas no puedan expresarse libremente.
“Lo que está haciendo es tratar de amedrentar, para que las figuras que ellos dicen crear para algunos dirigentes políticos de algunos partidos sean intocables, o que les tengan temor a hacer alguna crítica”, consideró.
El diputado Juan Valiente añadió que un diputado de GANA, cuyo nombre no brindó, le dijo que proponían estas reformas porque “estaban cansados de ser difamados por los periodistas y tenían que protegerse”.
Mientras que el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, fue enfático en decir que su partido no apoyaría la propuesta de GANA porque intenta aprobar una “ley mordaza”, aún cuando uno de los legisladores pecenistas, Reynaldo López Cardoza, está en la mira de la justicia por sospechas de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, en el documento que presentó el diputado de GANA, Mario Tenorio, tiene la firma de López Cardoza.
Al respecto, Almendáriz indicó que aún cuando su colega pecenista está en la libertad de votar o no por esa iniciativa del partido naranja, hablarán con él para convencerlo de que no lo haga.
Esto ante las críticas de que esa normativa podría tratarse de una especie de “venganza” en contra de los medios escritos que han publicado en la últimas semanas las declaraciones patrimoniales de varios diputados de diferentes partidos políticos.