“(Los salvadoreños) ya están pagando los impuestos para que el gobierno les brinde seguridad, y como no les dan, pagan seguridad por su cuenta: doble tributación, y luego les pides más impuestos para seguridad: tres tributos”.
Así resume el analista económico Claudio De Rosa la razón de una posible “inconstitucionalidad” del nuevo impuesto del 5% a los servicios de telecomunicaciones.
En esto no se salva nadie, desde el más pobre que compra una tarjeta de un dólar de saldo para su celular, hasta el empresario que se ve obligado a pagar seguridad privada y la extorsión para que lo dejen trabajar, aseguran De Rosa y el economista Rafael Lemus.
“(El impuesto) lo pagarán todos los grupos sociales; en esto está el que tiene menos posibilidad de escaparse: el que compra salditos, y lo que sucederá es que ahora con un dólar que compre de saldo le darán menos consumo de teléfono, tendría que comprar saldo más seguido”, ejemplificó Lemus.
Esto sería así, según el analista económico, porque el salvadoreño no se acostumbraría a tener que erogar los cinco centavos extra por cada dólar de saldo, según correspondería con el nuevo tributo.
Y en contraste con lo expresado por diputados del FMLN, GANA, PCN y PDC de que con un gravamen del 5% la afectación a la población sería menor, los economistas plantean cálculos que distan mucho de lo que dicen los políticos.
“La gente más pobre ya paga sus impuestos y como no le dan seguridad pagan el impuesto por extorsiones y ahora quieren un tercer impuesto. Y las grandes empresas pagan sus impuestos y como no les dan seguridad, pagan seguridad”, dice De Rosa.
El experto pone como ejemplo los camiones que reparten productos, los cuales tienen que ir con seguridad extrao y eso implica que pagan dos veces por tener seguridad, y a eso se le suma que pagan extorsiones y que además pagarán el impuesto a la telefonía.
Lemus expresó que la mejor alternativa es que se recorte el gasto en publicidad y viajes en los tres Órganos de Estado, entre otras erogaciones.
El economista afirmó que, según datos del ministerio de Hacienda, sólo el Órgano Ejecutivo destina $11.1 millones para viajes de sus funcionarios.
De hecho, ayer la misma Presidencia de la República informó que el secretario Franzi Hato Hasbún está de viaje en Italia como parte de la delegación del gobierno que ha ido al Vaticano para acompañar a los obispos en su visita al Papa.
Lemus también apunta que, según los datos de Hacienda, el Órgano Judicial ocupa $500 mil para viajes y que el Legislativo destina $1.4 millones.
En ese sentido, ARENA ha planteado que debe haber una reducción de los gastos superfluos. Esa fue la propuesta que presentó el jueves, horas antes de que el resto de partidos aprobaran los nuevos tributos, medidas con las cuales el gobierno podría disponer de más de $200 millones al año.