Impuesto a la telefonía va contra la Constitución

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) expresó, a través de un documento institucional, que la propuesta del Gobierno de una “contribución especial” del 10% para la seguridad, que se aplicaría sobre la adquisición o utilización de servicios de telecomunicaciones tiene vicios de inconstitucionalidad.
Asimismo, aseveró que la “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, establecería más bien un impuesto pues el hecho que lo genera no se desprende de un beneficio producto de una actividad especial del Estado, sino del pago de servicios a empresas privadas de telecomunicaciones.
Fusades manifestó que esta propuesta adolece de múltiples vicios de inconstitucionalidad, ya que al no ser una contribución especial, sino un impuesto no respeta el principio de capacidad económica y de equidad tributaria, al tener una base imponible sobre saldos brutos.
También porque tiene un destino específico: la seguridad ciudadana y los proyectos contemplados en los planes de seguridad y convivencia. Asimismo, señala que establece un segundo impuesto sobre la misma manifestación de riqueza, que es el “consumo del servicio”, el cual ya se encuentra gravado con el IVA.
“Toda medida que se tome para combatir el problema más grande del país, que es la inseguridad ciudadana, debe ser apegada a la Constitución y las normas vigentes, a fin de que no sea cuestionada en su implementación”, dice Fusades. 
Añade que la “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia” propuesta por el Gobierno “regula un impuesto y no una contribución especial.
 Ante ello, pide que no sea aprobado por la Asamblea Legislativa, donde ya se encuentra la petición del gobierno.
Hace más de un mes, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó la propuesta de gravar con el 10% los servicios de telefonía fija y celular, compra de accesorios telefónicos, internet y cable residencial a fin de recolectar fondos para el combate de la criminalidad, cuyas medidas están incluidas en el plan El Salvador Seguro.
Con ello pretenden recoger más de $100 millones anuales durante diez años.
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se mostró inconforme con las conclusiones planteadas por Fusades (ver nota aparte).
Sin embargo, Fusades recalca que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad y a ser protegidos en la conservación y defensa de este derecho. 
Por ello, enfatiza en que “es una atribución y obligación del Presidente de la República conservar esa seguridad, a través de las instituciones del Estado. Los beneficios que plantea la propuesta del Ejecutivo no son una consecuencia de la realización de actividades especiales del Estado (requisito necesario para que sea una contribución especial), sino del cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales”.
En ese sentido, asevera que todas estas medidas de combate a la delincuencia deben ser financiadas con los recursos obtenidos a través de impuestos u otras fuentes de financiamiento que no sean constitucionalmente cuestionables. 
Fusades cita que la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, publicada en 2013 por la DIGESTYC, reveló que en El Salvador el 89% de la población en el área rural tiene un teléfono celular, y en el área urbana, el 93%,  lo que significa que en El Salvador, 9 de cada 10 salvadoreños tiene al menos un celular.
“Los sujetos obligados al pago de la denominada contribución especial, serán la mayor parte de la población salvadoreña, para financiar una actividad inherente al Estado, lo cual es propio de un impuesto. Además, el beneficio indirecto no será solo para quienes paguen la contribución, sino para toda la nación”, explica Fusades.
También recalca que de ser una contribución especial, como el Gobierno lo plantea, debería haber una actividad generada por el Estado que lleve algún tipo de beneficio para los salvadoreños, pero indica que ninguno de los hechos establecidos en la propuesta del Ejecutivo provienen de beneficios por una actividad especial del Estado, sino del pago a empresas privadas por servicios como la telefonía y la televisión, entre otros.