Representantes de Casa Presidencial (Capres) se escudaron ayer en la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) para que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no pueda tomar una decisión sobre la petición de información planteada por Funde-Alac.
Esta solicitud consiste en conocer si existe o no la “Unidad de Análisis Económico” del OIE, así como cuáles son sus funciones y fuentes de financiamiento.
Roberto Burgos, de Funde-Alac, señala que la petición surge a raíz de que el expresidente Mauricio Funes acusó al Director Ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, de recibir pagos por trabajar para dicha unidad, lo cual niega.
Agrega que se entiende que esta información es pública ya que no está en el índice de reserva de Capres y alega que por ser datos tan básicos no constituyen un riesgo a la seguridad nacional, lo cual es uno de los argumentos que le dieron a la Funde-Alac para negarle el acceso público a la información que pidieron.
El representante de Capres, Javier Portillo, asegura que Capres “no está negando información”, sino que hay una causal que viene desde la ley y que establece que se trata de información confidencial.
“Existe una reserva por mandato de ley en relación a la información del Organismo de Inteligencia del Estado, por ende, no es un acto administrativo de la Presidencia de la República”, dijo Portillo.
El IAIP dará su resolución sobre el caso hasta el próximo lunes.