La Corte de Cuentas de la República admitió la denuncia interpuesta por transportistas en contra del viceministro de Transporte, Nelson García, y director de Transporte Terrestre, Luis Escamilla.
El pasado 1 de septiembre, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP), interpusieron una denuncia por la falta de pago del subsidio a los transportistas.
La denuncia iba en contra del Viceministerio de Transporte Terrestre (VMT) al cual atribuyen la retención y apropiación de más de $25 millones en concepto de compensación desde el año 2012.
El miércoles por la tarde, la Corte de Cuentas notificó la admisión de la denuncia después de que los transportistas respondieran satisfactoriamente a las prevenciones que había realizado de pedir pruebas documentales de las denuncias y establecer directamente los nombres de las personas denunciadas.
A través del departamento de participación ciudadana, la entidad informó que procederá a realizar un informe jurídico para que sea remitido a la Coordinación General de Auditoria, para que esta ordene el examen solicitado por los denunciantes.
“Estamos pidiendo que se investigue a profundidad cuáles son los criterios para que le dé a unos y a otros no. ¿A cuántos les ha dejado de pagar?”, expuso Ramírez.
El transportista dijo que, ante las demandas del gremio, la respuesta del VMT ha sido la represión; imponiéndole a los motoristas multas exorbitantes “por faltas leves”, para justificar la retención de la llamada compensación.
Soriano recordó que los fondos para el pago de la compensación a los transportistas provienen del impuesto de $0.10 por galón de gasolina para subsidiar el pasaje de los usuarios.
“Pedimos que investiguen qué han hecho con ese dinero. Lo pagamos todos los que compramos combustibles”, dijo Soriano.
Ramírez añadió que ya contemplan la posibilidad de interponer recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional: “Incluso nosotros como cooperativa no descartamos interponer una demanda civil”, expuso Ramírez.