El reinstalo de Carolina Polanco, médico general, despedida el año pasado por las autoridades del Seguro Social, no ha sido una tarea sencilla.
Los representantes de la patronal y la demandante no logran ponerse de acuerdo sobre los términos en los que regresará a trabajar. Esto aún después de dos resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El punto que ha entrampado el proceso es la exigencia de Polanco de que le paguen los salarios que dejó de percibir durante los meses que no laboró. Esta es una demanda que según José Ortiz, jefe de la Unidad Jurídica del ISSS, no ha sido contemplada en la resolución.
“Cuando estábamos viendo lo de los sueldos caídos dijeron que estábamos completamente equivocados, que ese caso no lo estábamos ganando, que apenas habían aceptado la denuncia”, comentó la doctora.
Por su parte, el jurídico del ISSS manifestó: “Le dijimos que esos nueve meses del pago que ella estaba pretendiendo no se le podían pagar porque la resolución no lo decía, pero ellos insisten en que sí lo decía; nosotros somos abogados y entendemos bien la ley y eso no estaba en la resolución”.
Polanco laboraba como médico familiar en la unidad comunal de San Marcos, en San Salvador. El 7 de noviembre del año pasado fue despedida. Ella alega que fue un acto arbitrario porque no se le presentó el acuerdo de la medida, solo un documento del inicio de un proceso sancionatorio.
La empleada del ISSS aseguró que por dar consultas en una bodega, en la que además de papeles guardaban lejía siendo alérgica, tuvo una serie de problemas de salud; por lo que no podía hacer el trabajo comunitario que demanda una plaza como la de ella.
Presentó constancias extendidas por otros médicos del ISSS, pero estas no fueron aceptadas. Ella considera que “como represalia por interponer una demanda ante el Ministerio de Trabajo” le quitaron la plaza.
Tras el despido, Polanco interpuso una demanda contra el ISSS ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El amparo fue admitido el 21 de julio y se le ordenó al ISSS, como medida cautelar, restituirla y abstenerse de nombrar a otra persona en el cargo que Polanco ocupaba. En lugar de eso, las autoridades del ISSS interpusieron un recurso de revocatoria.
El 26 de agosto, la sala emitió una nueva resolución, en la que declara sin lugar las solicitudes del abogado del Seguro Social y ordena al director de la autónoma dar cumplimiento a la medida cautelar.
“Debe garantizarse a la demandante continuar con el cargo que ocupaba o en uno de la categoría similar, siempre que no implique desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos como trabajador”, afirma la resolución.
En el mismo documento se detalla que el abogado del ISSS basó la revocatoria entre otras razones en que: “Si se demuestra que el instituto no ha cometido ninguna de las violaciones que señaló la demandante ¿ese dinero que le fuera cancelado, el cual podría ser de varios meses, cómo se va a garantizar la recuperación o se tendría que dar por perdido?…”.
Sin acuerdo
El jefe de la Unidad Jurídica del ISSS expresó que intentaron cumplir con la medida, dada en la segunda resolución de la CSJ. Por ello citaron a la doctora, el 31 de agosto a una reunión.
En el encuentro se le planteó ubicarla en la Emergencia del Hospital General a partir del 1 de septiembre porque su plaza ya estaba ocupada por otra persona, pero no aceptó.
Ortiz expresó que Polanco adujo ese día que no aceptaba el reinstalo si no era en la clínica comunal de San Marcos y que le debían pagar los salarios de los nueve meses anteriores.
“Ella dijo: ‘Si no me ponen en San Marcos me ponen en Santa Tecla, pero me hacen allá un cubículo especial’. Usted entenderá con una posición así, de diva, ¡perdón! Ella es una trabajadora a la que hemos despedido porque ha cometido infracciones a su trabajo…”, acotó Ortiz.
Agregó que ante esta actitud enviaron un documento a la sala en la que le informaron que trataron de cumplir la orden, pero la demandante no aceptó.
Polanco expresó que ese día ellos también enviaron un nuevo documento a la Sala de lo Constitucional por incumplimiento de la medida cautelar. “No quieren pagarme lo del tiempo que dejé de trabajar, reinstalarme con las condiciones adecuadas”.
“Quieren que uno se meta y se trague la pastilla como ellos lo quieren y no es así, tienen que hacer caso a la ley y lo que dictó la sala”, acotó la doctora.
Marcela Cea, jefa del jurídico del personal del Seguro Social, indicó que Polanco tenía una carta de un médico de trabajo, (para no hacer trabajo comunitario) pero solo por tres meses. Ese tiempo lo respetó la directora de la comunal de San Marcos.
Añadió que cuando se terminó la indicación del médico de trabajo, ella tenía que volver a su trabajo, pero la demandante no quiso y no volvió a presentar ningún documento del médico de trabajo que respaldará los padecimientos que decía tener.