El exdiputado de ARENA, Mario Valiente, envió ayer una carta al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pidiendo que sancione fuertemente a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), por haberse negado en dos ocasiones a entregarle información relativa a la ampliación de la presa 5 de Noviembre, pese a tener la orden de entregarla.
Además, afirmó que acudirá a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a denunciar que la CEL le ha violado su derecho constitucional de acceder a información de las obras que el Gobierno realiza en la presa 5 de Noviembre.
“Por qué niegan la información, constantemente la información que debía ser pública, ¿cómo será un concurso que no sea público, de pagar un monto de dinero (del Estado), será privado?”, afirmó.
Pese a que el IAIP ordenó a CEL entregar a Valiente toda la información concerniente a los contratos, diseños, auditorías, supervisiones, copias de actas de Junta Directiva, correspondencia cruzada entre la CEL y la empresa constructora, la autónoma volvió a decirle no, alegando que es información reservada.
Es por esto que, según Valiente, el caso amerita que el Instituto realice una “graduación de la cuantía de las sanciones”, es decir, que el IAIP con base en el artículo 77, literal a) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) aplique la sanción que corresponde al actuar de la CEL.
El artículo en mención reza que cuando un funcionario que tiene entre sus atribuciones la facultad de tomar decisiones incumpla con una resolución del Instituto, esto se considerará una “infracción muy grave” y deberá ser sancionado con una multa de veinte a cuarenta salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios.
Bajo esa categoría, la multa mínima sería de $5,034 y la máxima de $9, 864, que debería pagar en su defecto el Oficial de Información de CEL.
Agrega el artículo citado que la comisión de dos o más infracciones muy graves en el plazo de 365 días dará lugar a la “suspensión de funciones por el término de 30 días calendario”.
Según Valiente, el IAIP está obligado a cumplir la ley y que el próximo lunes interpondrá un recurso ante la Sala de lo Constitucional.
Al respecto, el comisionado del Instituto, Jaime Campos, ha dicho que aún cuando Valiente no interpusiera recurso en el IAIP, esa institución estaría facultada para iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio administrativo.
No descartó que en el caso de la CEL, por tratarse de una falta muy grave cometida de forma reiterada, la multa por aplicar pueda ser la más alta.
En su resolución, la CEL hace ver que planea echar mano de las instancias judiciales para defender su posición.
En 2013 el expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, se negó a revelar la lista de asesores legislativos, como se lo ordenó el IAIP, y acudió a la Sala de lo Contencioso de la CSJ.