La creación de una comisión que investigue la corrupción en El Salvador (una Cicies) debe nacer de la necesidad y solicitud de la población, algo que si se diera no significaría una injerencia extranjera, afirma Anabella Morfín, asesora del Procurador de Derechos Humanos en Guatemala, institución que ha jugado un papel importante en el accionar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).
Morfín fue invitada al Debate Ciudadano contra la Impunidad en El Salvador, un evento organizado por el Movimiento Democracia Limpia. Allí manifestó que la sociedad puede hacer un planteamiento al Gobierno Central para que este pueda solicitar que las Naciones Unidas apoyen la creación de una Cicies.
En Guatemala, explicó, la Cicig ha permitido fortalecer las instituciones relacionadas con la aplicación de justicia, y a identificar estructuras de corrupción incrustadas en las instituciones públicas.
La Cicig ha cobrado relevancia en los últimos meses en la nación vecina, ya que ha acompañado en la investigación del Ministerio Público de una red de corrupción en aduanas, que ha logrado sentar en el banquillo al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos renunciaron, están siendo enjuiciados y por hoy guardan prisión preventiva.
“Yo creo que la problemática entre Guatemala y El Salvador es muy común, los problemas son bastantes semejantes y creo que las necesidades de fortalecer a la institución son reales. No esperen que sea una petición de los partidos políticos; la sociedad creo que debe vincularse de una manera más decidida para lograr que eso se de ante Naciones Unidad”, instó Morfín.
La funcionaria guatemalteca destacó que uno de los problemas que afrontaban y por lo que se vieron obligados a solicitar la Cicig, fue que la Corte Suprema de Justicia se estaba integrando conforme a intereses político partidarios.
“Deliberadamente nombraban a los magistrados para tener ellos la posibilidad de que en un momento dado, la justicia no los alcanzara”, señaló Morfín, al tiempo que comentó que actualmente trabajan una reforma a la Ley de Condiciones de Postulación, que es el mecanismo para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones.
“También se ha considerado una reforma constitucional referente al área de justicia para que se cambie el sistema de elección de magistrados y evitar esos problemas”, dijo.
En el país aún está pendiente elegir cinco magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, y hay sectores que han insistido a los diputados que su decisión no responda a cuotas partidarias.
ARENA y FMLN mantienen entrampada la elección por la candidatura de Jaime Martínez, actual director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, quien cuenta con el apoyo del FMLN y el rechazo de ARENA. Este último argumenta que el candidato tiene vínculos y afinidad con el partido en el gobierno.
En el país también se ha suscitado el debate en torno a si se necesita o no una comisión similar a la Cicig.
Para Anabella Morfín, el trabajo de la Cicig ha sido muy enriquecedor en términos de fortalecimiento institucional y términos de identificación de corruptelas en el Estado, por lo que no dudó en que El Salvador debe echar a andar la iniciativa de una Cicies, a partir de la propuesta que Estados Unidos ha hecho.
“Creo que sería muy interesante pensar, de pronto en un proyecto regional que viniera a atender estos tres países (del Triángulo Norte de Centroamérica) que están siendo afectados”, valoró Morfín.
Principales dirigentes del FMLN y personeros del gobierno han señalado que una Cicies no se necesita porque vivimos un escenario distinto al de Guatemala y que aceptar eso significaría una injerencia extranjera.
Para Morfín no existe tal situación, si la solicitud viene de la población. “Es una solicitud que nace para resolver los problemas que no hemos sido capaces de resolver por sí solos”, acotó.
El secretario general del FMLN, Medardo González, ante la solicitud de ARENA de que se cree una Cicies, ha insistido que los salvadoreños pueden estar orgullosos y tranquilos de que el país no necesita de esa instancia.
“Nosotros no necesitamos ninguna institución que nos venga a hacer nuestro propio trabajo, porque nuestro sistema judicial funciona”, aseguró González recientemente.
Jóvenes comprometidos
Morfín no solo defendió la importancia de una comisión como la Cicig, también destacó la importancia de que la juventud y la población en general se comprometan a fortalecer la institucionalidad, en especial la relacionada al sector justicia.
En el caso de Guatemala, dijo que los jóvenes conformaron las agrupaciones de derechos humanos que solicitaron crear la Cicig, desde 2001, cuando buscaron justicia ante todas las violaciones que se habían dado durante el conflicto armado interno.
“Agrupados en seis entidades pidieron a Cancillería y al Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, para que se hicieran las gestiones ante Naciones Unidas para que se creara una Comisión Internacional, que pudiera ayudar a fortalecer la administración de justicia en los casos de investigación de violaciones de derechos humano”, acotó la funcionaria guatemalteca.