La Fiscalía advirtió ayer la posibilidad de que 16 supuestos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el Occidente del país evadan la justicia, al otorgarles libertad condicional, siempre y cuando paguen una fianza económica.
El beneficio otorgado por el Tribunal Antimafia de Sentencia C de San Salvador sería mientras los imputados esperan la lectura del veredicto de la vista pública.
El jefe de la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía, Jorge Cortez, aseguró que el referido tribunal realizó ayer una audiencia especial a raíz de que a los procesados por narcotráfico se les venció el plazo de dos años en que podían estar en detención provisional, sin recibir una condena.
Al final de la audiencia, el tribunal decidió otorgarles medidas alternas a la detención, entre ellas que no salgan del país. Y si pretenden hacerlo, deben justificar las razones. Además, presentarse todos los días a las 8:00 de la mañana al juzgado, y que no se comuniquen entre ellos.
Sin embargo, para poder gozar de la libertad condicional otorgada por el tribunal, los 16 procesados deben pagar fianzas que van desde los 10,000 a los 350,000 dólares.
Pero, cinco de los imputados no podrían salir libres, puesto que cuentan con otros procesos judiciales en su contra, entre ellos Roberto Antonio Herrera Hernández, conocido como “el Burro Herrera” y supuesto cabecilla de la organización criminal, explicaron otras fuentes de la Fiscalía.
Los delegados fiscales se opusieron a que el tribunal los beneficiara con esas medidas y propusieron de que les ordenara el arresto domiciliar para poder garantizar la asistencia de los procesados a la lectura de la sentencia.
Sostienen que ya tenían reservadas las instalaciones que reúnen las condiciones de seguridad para que los procesados por narcotráfico sigan en arresto domiciliario, pero el tribunal rechazó la petición fiscal.
“El tribunal aun no ha emitido una sentencia definitiva y en virtud de ello, les abre las puertas para que puedan fugarse”, dijo Cortez. Agregó que el plazo de los dos años de la detención provisional se venció el 16 de septiembre.
Cortez aseguró que desde el 19 de agosto que culminó la vista pública, el referido tribunal todavía no ha emitido ni tan siquiera una sentencia oral, entonces, “ellos están en ese limbo, que la situación jurídica no se les ha definido, por eso es que cobra mayor riesgo la acción que ha tomado el tribunal, porque sino hay sentencia, ellos perfectamente se pueden dar a la fuga”, concluyó.