El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, señaló que pueden encontrarse con “muchas sorpresas”, en torno a posibles casos de enriquecimiento ilícito, en los informes patrimoniales de varios funcionarios públicos.
“Creo que a través de esta apertura que ha dado la Corte Suprema de Justicia, de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, podemos encontrarnos con muchas sorpresas de funcionarios que en poco tiempo, en un periodo, los periodos de los funcionarios aquí son de tres o de cinco años, en periodos cortos se han enriquecido de manera desmedida”, dijo Blanco.
Según dijo en una entrevista televisiva, la ciudadanía, que es la que aporta vía impuestos para el sostenimiento del Estado, tienen derecho “a saber la situación económica y el enriquecimiento de algunos funcionarios, unos de manera más escandalosa que otros, pero que hay mucha corrupción dentro de las distintas instituciones”.
Explicó que la CSJ está entregando a todo el que lo solicite, los informes de bienes de los funcionarios públicos, y cuya entrega, según establece la Constitución, debe ser para fines de investigación de hechos delictivos, de enriquecimiento ilícito.
La entrega de esta información inició a raíz de una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que ordenó a la CSJ brindar la declaración del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, a un ciudadano que la pidió.
Con ese precedente, la Corte Plena decidió casi por unanimidad la entrega de estos datos de todos los funcionarios públicos que están bajo la jurisdicción de Probidad.
Es así como se ha conocido la información patrimonial de expresidentes como Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, que permitió saber qué bienes tenían cuando iniciaron sus respectivos periodos como, así como si incrementaron o no esos bienes al concluir su gestión.
Saca destacó porque incrementó en un 259 % su patrimonio al dejar su cargo.
En la misma manera, este Periódico presentó las declaraciones patrimoniales del diputado de GANA por Usulután, Rigoberto Soto, cuyo patrimonio pasó de $56 mil a más de $1.2 millones en nueve años de desempeñarse en la Asamblea Legislativa.
El magistrado Blanco señala que en la Ley de Enriquecimientos Ilícito se establece que debe de existir reserva y que la Corte había interpretado que esa reserva significa de que no puede otorgarse ningún dato contenido en la declaración de patrimonio.
Sin embargo, hizo hincapié en que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio un salto de calidad al reconocer de que esa reserva a la que se refiere el artículo 240 es una reserva de datos sensibles, personales, confidenciales, pero no de aspectos que deben de ser del conocimiento público, como es el patrimonio de funcionarios.
“Yo creo que pueden existir, no sorpresas, porque aquí esto es un ruido desde hace muchos años, y además visible, el tema de la corrupción, que es uno de los grandes males de nuestro país”, dijo Blanco.