El que la población viera que el dinero de sus impuestos iba a parar a “bolsillos privados” y que los fondos del presupuesto del Gobierno de Guatemala no alcanzaban para cubrir las necesidades en salud y educación, entre otras, y que muchos casos de corrupción en el Gobierno se caían en los tribunales por una débil investigación criminal, motivaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Así lo recuerda uno de sus protagonistas: Eduardo Stein Barillas, expresidente de Guatemala (2004-2008).
“Había defraudación al fisco, a las aduanas, robos disfrazados de cualquier cosa y en los contratos de obra pública, en la proveeduría del Estado, en el área de compra de medicinas…”, reseña el exfuncionario.
Stein cuenta que hubo oposición de todos lados, incluso del propio Fiscal guatemalteco, quien en vez de una Cicig, pedía más fondos para contratar investigadores que ayudaran a fortalecer una de las principales debilidades que tenía el sistema penal: la investigación criminal.
“La erupción de contradicciones y de oposiciones a la idea de crear un dispositivo en el área de justicia quisieron objetarlo, incluso como inconstitucional, pero en realidad nunca la Cicig ha tenido la capacidad de iniciar por su cuenta un encausamiento penal, eso es exclusivo del Ministerio Público”, explica.
Es más, indica que la clave es trabajar en coordinación con el Ministerio Público, por lo que insta a no tener miedo a una comisión de esa naturaleza, porque es el aparato penal el que determina “la autopista a seguir”, es decir, quien decide qué casos se investigan. En el caso del enjuiciamiento de los exmandatarios, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, reconoce que han sido acusados y procesados por corrupción porque existe una Cicig.
Dice que la labor del actual comisionado colombiano de la Cicig, Iván Velásquez, en el reciente proceso judicial fue clave. También enfatiza que la participación ciudadana en todo el proceso es vital y que es la Cicig la que permite esa participación. Dice que eso es lo que marca la diferencia entre un país que no cuenta con una comisión que investigue la corrupción.
“Tiene la capacidad de hacer investigación autónoma, eso lo garantiza la Constitución; cualquier ciudadano en mi país puede realizar investigaciones que den como resultado elementos para presentar al Ministerio Público. No tiene que llegar la Policía Nacional Civil, lo puede hacer cualquier ciudadano”, explica.
Añade que la Cicig nació hace siete años como una comisión cuyo objetivo fue modificado, ya que en un principio se trataba de un comité que protegía a periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, por considerarse las poblaciones más vulnerables tras la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.