La iniciativa presentada este jueves por los ministros de Hacienda, Carlos Cáceres, y de Seguridad, Benito Lara, para imponer una contribución a los usuarios de telefonía para la seguridad, desató críticas y dudas entre los diputados de los distintos partidos políticos.
Mario Ponce, del PCN, dijo que evaluarán con detenimiento el proyecto del Ejecutivo; René Portillo Cuadra, de ARENA, rechazó rotundamente la propuesta por considerar que es una “penalización económica al uso de las tecnologías de la información”; y Guillermo Gallegos, de GANA, defendió la propuesta de su partido de gravar el 10% de las utilidades de las telefónicas, en vez de aplicárselo a los usuarios.
Pero Rolando Mata, del FMLN, criticó que ARENA se oponga porque con ello pretende que el Gobierno no tenga fondos para cumplir con los objetivos trazados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“El tema de ellos (ARENA) es que están en los cálculos político electorales; el tema es que si el Gobierno incumple este plan de El Salvador Seguro, entonces regresarían al Ejecutivo, eso es todo; por eso hacen como dicen en buen salvadoreño: ‘la maldita’ para que no hayan recursos a tiempo para los planes de seguridad”, afirmó Mata.
El argumento de Mata es rebatido por Portillo Cuadra, quien opinó que la contribución que el Estado intenta recibir afectará no sólo el consumo del uso en telefonía celular y fija, sino en todos aquellos servicios que tienen que ver con la red de acceso a la información tecnológica.
“Esta propuesta no solamente es inoportuna, sino desproporcionada, sobre todo cuando uno lee la propuesta se da cuenta que no sólo se grava con el 10% del impuesto a quien consuma telefonía fija y celular, sino también al uso de Internet, uso de cable, de aparatos tecnológicos para telefonía celular, uso de todo tipo de aparatos electrónicos e informáticos es susceptible al 10% del impuesto”, indicó.
Y agregó que lo más grave es que ese porcentaje no sólo lo pagarán los usuarios, sino todas las personas que se dediquen a la comercialización de servicios de información.
En el PCN, tanto Ponce como Antonio Almendáriz, expresaron que analizarán la propuesta del Gobierno antes de darle su respaldo, ya que esto fue un compromiso que adquirieron los partidos en los acuerdos firmados en Ataco. Pero los pecenistas plantean que tienen otras alternativas que llevarán a discusión a la Asamblea Legislativa.
Almendáriz dijo que se podría gravar los juegos de azar como los casinos, por ejemplo, o pensar en un impuesto voluntario, parecido al que se utilizó en la década de los 60.
Esta propuesta ya había sido planteada por el PCN y consiste en que tanto personas naturales como jurídicas puedan contribuir voluntariamente para la seguridad.
Ponce mencionó que en los casinos mucha gente “pierden sus bienes, casas, propiedades y no se puede hacer mayor cosa y se gastan millones; ¿porqué no se les puede poner impuestos?”, reflexionó.
Gallegos insistió en que GANA buscará impedir que el 10% que se grave a las utilidades de las telefónicas se traslade al usuario. Su colega, Francisco Zablah, indicó que las operadoras tienen hasta $1,000 millones de utilidades y que de allí pueden aportar el 10% para la seguridad.