El informe inicial de los auditores de la Corte de Cuentas sobre El Chaparral, emitido en diciembre de 2014, cuestiona la legalidad del “arreglo directo” y el pago de $108.5 millones que la CEL en el gobierno de Mauricio Funes le hizo a la empresa Astaldi pese a que esta última abandonó la construcción de la represa.
Pero el último informe de la Corte de Cuentas, con fecha 12 de junio de 2015, sólo menciona de manera pasajera este aspecto que es crucial y no lo cuestiona, mucho menos plantea sanciones. Esto favorece a los directivos de CEL y del gobierno de Mauricio Funes, que tomaron la decisión de pagarle a Astaldi pese a que no concluyó la obra y hasta el mismo Funes defendió el arreglo.
Tampoco el último informe cuestiona por qué la CEL no procedió contra Astaldi por sus incumplimientos, como sí lo señalaron los auditores seis meses antes en el informe preliminar.
Estos son sólo algunos de los puntos que los auditores que vieron de primera mano las fallas del proyecto detallaron en su informe inicial de diciembre de 2014, pero que cambian radicalmente o ni se mencionan en el último informe de la Corte de Cuentas de junio de 2015.
En este último informe, la Corte de Cuentas ya no detalla cada una de las irregularidades señaladas en el primero; solo dedica cerca de 36 de las 43 páginas al cuestionamiento de pagos indebidos de la CEL a las dos supervisoras externas de la obra, las firmas Euroestudios e Ingetec. Esto es lo único que se reitera respecto al primer informe.
El Diario de Hoy pudo comprobar esas diferencias sustanciales al hacer un análisis comparativo de ambos documentos y sólo después que la Corte de Cuentas accediera a entregar el informe de junio de 2015 obligada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por gestión de este periódico en aras del interés de la ciudadanía.
La contraloría inicialmente se resistió a dar acceso al informe aduciendo que tenía “reserva” por no ser un proceso concluido.
El proyecto El Chaparral ha sido objeto de duros cuestionamientos después que la empresa Astaldi lo dejara inconcluso alegando “imprevistos imprevisibles”. Pese a este incumplimiento, la CEL en el gobierno Funes le terminó pagando $108.5 millones, casi el equivalente al 50%, pese a que el avance se señaló que era de una tercera parte.
La obra estaba valorada en $219 millones, es decir, se les pagó la mitad del proyecto. Ahora la CEL quiere destinarle $70 millones más.
En diciembre no lo avalaron; en junio pasado sí lo hicieron
En el informe preliminar, emitido en diciembre de 2014, luego de que los funcionarios de la CEL se defendieran del señalamiento, los auditores que vieron el caso de primera mano confirmaron que no pueden avalar que mediante el “arreglo directo” el gobierno de Mauricio Funes, a través de la CEL, le pagara $108.5 millones a la constructora Astaldi como si hubiera ejecutado el 49.3 % de la obra.
Los auditores determinaron que se pagó mucho más a lo que fue el avance real, pues lo que se ejecutó fue sólo la tercera parte, el 29.28%, tal como en su momento lo habían registrado los supervisores, tanto los de la CEL como los de las dos firmas externas contratadas para la supervisión del proyecto, Euroestudios S.L. y el Consorcio Ingenieros Civiles y Eléctricos S.A. (Ingetec).
“No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de la CEL), sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, dijeron los auditores en el informe de diciembre.
Luego explicaban por qué la administración de la CEL, bajo la batuta de Leopoldo Samour, había errado en el cálculo del pago: “El tipo de contrato valorado por eventos no permite evaluarlo de esa manera, como si fuera por precios unitarios”, dijeron.
Pero en el informe de junio de este año más bien la Corte de Cuentas da luz verde al procedimiento, diciendo que por no tener experiencia en valuar ese tipo de obras buscaron a empresas del ramo, que no mencionan, que les dieron el visto bueno a lo pagado.
“(…) tomaron como base de base un costo de $85,000,000.00 el cual técnicamente no logramos validar por carecer de equipo y la experticia técnica en eser tipo de obra”.
“No obstante, revisamos estimaciones de empresas con experiencia en ese tipo de proyectos, quienes estimaron valores cercanos a esa cantidad, por lo cual el monto a nuestro juicio resultó razonable”, dice el informe emitido seis meses después.
No cuestiona a la CEL por no proceder contra Astaldi
El informe de junio pasado tampoco le cuestiona a la CEL que no agotó los mecanismos para resolver el conflicto con la Astaldi de manera oportuna antes de buscar el “arreglo directo”.
La CEL contrató a la Astaldi bajo la modalidad “llave en mano” a la Astaldi, eso significaba que no podían alterar los términos del contrato y obligaba a la empresa a cumplirlo en el tiempo y monto convenido de $219 millones.
Pero en 2010, la constructora paró los trabajos en El Chaparral y reclamó a la CEL más dinero bajo el argumento de que se había encontrado con “imprevistos imprevisibles” en el sitio de la obra.
En el informe de los auditores del ente contralor se revela que los supervisores de la CEL y de las firmas externas recomendaron a las autoridades de la autónoma que el reclamo no procedía y que debía continuar con las obras, pero que la constructora recurrió directamente a la presidencia de la autónoma.
En diciembre,los auditores dejan plasmado en su informe que no hallaron documentación de cuál fue la respuesta de la CEL a la Astaldi, pero que luego vino el arreglo directo y el pago global sin que se supiera cómo lo habían calculado.
“No se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con la Astaldi, determinaron los auditores.
Le recriminaron también a la CEL que no tomara en cuenta el informe de valúo de la supervisión externa a cargo de Euroestudios e Ingetec y el que optara por $85 millones como cantidad base para negociar el arreglo, que era el cálculo mayor de tres que tenía como opción.
Reitera atraso de la obra
Con estos pagos, que además no correspondían con la obra ejecutada, los auditores le criticaron a la CEL que no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas por el Órgano Ejecutivo en 2012.
Aunque en el informe de auditoría de junio de este año ya no le cuestiona todos estos aspectos, sí le reitera, aunque de manera indirecta, que se pagó por una obra con un retraso del 68.48 %.
“El proyecto presentó atrasos desde sus inicios, los cuales fueron incrementándose a partir de mayo de 2010, acumulando a junio de 2012 el 68.48 % de atraso”, dice en parte de las conclusiones.
Y puntualiza que: “El avance general del proyecto a junio de 2012 fue del 29.28 %, (según supervisión)”.
Sin embargo, omiten la otra parte de esta conclusión plasmada en el informe inicial, cuando dijeron: “(…) siendo que el contratista no comprobó ni justificó las situaciones que lo generaron; asimismo, CEL no determinó el incumplimiento contractual”.
En ese sentido, los auditores confirman parcialmente el hallazgo plasmado en su informe preliminar, únicamente el relativo al poco avance de la obra reportada por los supervisores al momento de que el entonces titular de la CEL, Leopoldo Samour, y el presidente de la Astaldi, Mario Pieragostini firmaran el arreglo directo.
En el último informe ya no le señalan a la CEL, como sí lo hizo en el preliminar, que no procediera contra la Astaldi ante un evidente incumplimiento del contrato luego que paralizara los trabajos por cuenta propia y sin que demostrara técnica ni contractualmente los “imprevistos imprevisibles” que alegaba, ni presentara los diseños detallados como estaba obligada por contrato.
Tampoco detalla, como en el primer informe, el uso inadecuado que hizo la Astaldi de los fondos que la CEL le entregó en concepto de anticipo del contrato.
En el último informe, los contralores solo registraron la transferencia de ese anticipo y que al 31 de diciembre de 2011 faltaba desembolsar $60 millones pero que “no podemos asegurar que se haya utilizado en su totalidad en el Proyecto”. Tal afirmación difiere mucho de lo que afirmaron en su primer informe.
“Verificamos gastos no justificados por el valor de $7,507,006.50, relacionados con transferencias de fondos a Astaldi S.p.A. Sucursal Costa Rica por $1,000,000.00 y Sucursal Panamá por $11,000,000.00, ascendiendo a un total dede $12,000,000.00 realizadas de la cuenta de anticipo, de las cuales únicamente se reportó y justificó la cantidad de $4,492,993.50”, dijeron en diciembre de 2014.
También determinaron que Astaldi sucursal El Salvador “utilizó para otros proyectos un monto de 42,311,143.65 delancitipo entregado a Corinca S.A. de C.V por $5,000,000.00”.
Hay dos datos interesantes en el informe de junio: uno de ellos es que mantienen el cuestionamiento a la CEL de haber hecho “pagos indebidos” por $210 mil 921 a las firmas supervisoras .
El otro cuestionamiento que no incluyen es el haberle pagado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) $1.4 millones en concepto de comisiones, algo que según dijeron es ilícito y que no lograron justificar.
Solo se limitan a detallar lo que han devengado del préstamo de $163 millones con el BCIE y el alto costo de pagar comisiones por fondos que no se utilizan.