Los niveles de violencia que se están registrando en el país son atribuidos directamente al hacinamiento penitenciario, pues gran parte de los delitos son ordenados desde las prisiones y en sentido fue cuestionado el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara en de la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
La razón es que el Ministerio de Justicia cuenta desde 2013 con la aprobación de un préstamo con el Banco de Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 71 millones de dólares y a casi dos años de contar con esos recursos, no se ven avances sustanciales en la ampliación y modernización del sistema penitenciario.
Uno de los diputados que interpeló al ministro Lara, fue Norman Quijano quien consideró que “el nivel de hacinamiento de los centros penitenciarios tiene una proporción directa con la criminalidad que actualmente vive el país”.
Quijano fue más allá, al afirmar que la mayor parte de los delitos que se cometen en el país son ordenados desde las cárceles aprovechándose de la falta de control por el hacinamiento en las cárceles.
A juicio de Quijano y otros diputados, con la ejecución de los préstamos se estaría resolviendo una de las causas que han provocado el alza de homicidios y violencia.
Lara explicó que el atraso en la construcción de la fase II y III del penal de Izalco se debió a incumplimientos de contrato pues se debió entregar la obra 2009, sin embargo, el préstamo BCIE fue aprobado hasta el 2013.
En el 2009, cuando la obra estuvo abandonada, según Lara, se rediseñó el proyecto y se ajustó el presupuesto con los nuevos trabajos.
En esas condiciones, Lara afirmó que ya está en proceso de construcción de la fase III del penal de Izalco para que en diez meses los trabajos estén completos. Lo mismo está la fase II, sin embargo hay un recurso de unas de las empresas participantes en la licitación lo cual impide seguir con el proyecto.
Afirmó que ya está proceso de licitación la granja de Zacatecoluca por un valor de 6.7 millones de dólares. En esa dirección está la granja de Santa Ana por 5 millones de dólares.
En cuanto a la granja de Izalco se han ordenado estudios técnicos para continuar su construcción.
El proyecto de brazaletes está pendiente pues deben reunir requisitos que todavía no se han superado.
Además del préstamo de 71 millones de dólares, está otro de 45 millones en gestión con el Banco Interamericano de Desarrollo, dos más con los gobiernos de Alemania e Italia para prevención en al 19 municipios de San Salvador.