Aprobar la Ley de la Función Pública es otra meta pendiente por cumplir como parte del apoyo financiero que Estados Unidos dio a El Salvador en el Asocio para el Crecimiento. Es por ello que la Embajadora, Mari Carmen Aponte, instó ayer que se apruebe dicha normativa, cuyo proyecto está siendo estudiado desde hace tres años.
El llamado de la diplomática fue durante el III Foro de la Función Pública, evento presidido por el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, donde se presentaron las bondades de contar con un sistema que destaque la meritocracia de los empleados públicos.
“Los avances hacia la profesionalización del servicio público se hace notar. Espero que para el próximo foro sobre este tema, El Salvador ya cuente con la nueva ley y que se puedan compartir muy buenas prácticas sobre su implementación”, dijo Aponte.
La embajadora resaltó la importancia de los esfuerzos que los diferentes sectores, como ministerios, empleados públicos, entre otros, hallan sostenido reuniones en busca de la modernización del Estado.
Señaló que la aprobación de una nueva ley está incluida como una acción del Asocio para el Crecimiento y es por eso que esperan que el actual gobierno retome el anteproyecto de ley y lo envíe a la Asamblea Legislativa para su discusión a profundidad.
“Este asocio es importante porque no solamente habla de seguridad pero habla también de estabilidad y habla también de desarrollo económico”, añadió.
El Asocio para el Crecimiento es una iniciativa suscrita por los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en noviembre de 2011, orientada a superar los obstáculos que impiden el progreso económico del país.
El Salvador recibió 220 millones de dólares de parte de Estados Unidos para que alcance 20 metas en cinco años.
La embajadora estadounidense también destacó que la profesionalización del empleo público es imprescindible para una buena gobernabilidad y que eso refuerza la confianza en el Gobierno.
Asimismo, dijo que todo empleado quiere saber si puede ejercer su trabajo y profesión en un ambiente seguro y justo, donde no haya favoritismos ni presiones políticas, donde se brinde la posibilidad de avanzar y donde existan incentivos.
“Este nuevo marco legal vendría a sustituir al actual que data de hace más de cinco décadas y, claro, con cualquier cambio siempre existe incertidumbre… es muy natural, de ahí que la consulta, la recolección de insumos de todos los sectores de la sociedad y, particularmente, de los servidores públicos fue la mejor manera de asegurar una ley justa”, apuntó Aponte.
El Director General de Transformación del Estado, de la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia, Alberto Enríquez, aseveró que el proyecto volverá a ser sometido a estudio en noviembre próximo y dijo que esperan que en 2016 tengan una propuesta robusta que presentar a la Asamblea Legislativa.
El anteproyecto de la Ley de la Función Pública lleva entre seis o siete borradores que han venido siendo trabajados por la entonces Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado.
“Nosotros vamos a tomar en cuenta como un insumo muy importante lo que ha dejado la administración anterior, pero esta administración lo tiene que estudiar porque es su responsabilidad estudiarla porque no fue diseñado en esta administración”, afirmó Enríquez.
Ante las declaraciones de la embajadora estadounidense, Enríquez dijo que esa era una “aspiración y recomendación” y que como ella muchos embajadores tienen la esperanza que en El Salvador se empiecen a dar pasos importantes para el país.
“Agradecemos y respetamos todos los apoyos pero volvemos a lo mismo: ¿cuál va a ser el plazo? El que las condiciones del país dé”, aseguró.
El secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Gregorio Montero, y quien ha acompañado el estudio y discusión de los anteproyectos, señaló que si bien es cierto que este tipo de leyes tienen un proceso de discusión creación de entre 4 y 5 años.
Es por ello que dice esperar que sea este año o incluso el siguiente a más tardar, que sea aprobada esta ley en El Salvador, pues el proyecto que se ha trabajado “se ha escuchado a todo mundo”.