LA UNIÓN. Desde diciembre del año pasado, la municipalidad de La Unión dejó de pagarles el salario a los dos técnicos de la escuelita de fútbol municipal. El contrato caducó y no fue renovado.
Son un aproximado de 80 niños de diferentes comunidades del casco urbano y zonas aledañas, los que asisten a entrenar en el estadio municipal Marcelino Imbers.
Los padres de familia han formado una directiva para recaudar fondos entre ellos y darle alguna cuota a los técnicos y están buscando patrocinadores para los implementos deportivos ante la falta de apoyo de la municipalidad.
Las escuelas de fútbol eran la principal apuesta que tenía en proyectos preventivos a la delincuencia, la administración del alcalde Ezequiel Milla en su primer periodo en la comuna.
Recientemente los padres y el alcalde se reunieron para abordar el tema, pero no llegaron a ningún acuerdo favorable a la escuela municipal.
Alirio Amaya es uno de los dirigentes de padres de familia y manifestó que el único compromiso del alcalde a la fecha, es que hasta en el presupuesto del próximo año será incluido el pago de técnicos.
Ezequiel Milla dijo que los padres de familia no pueden decir que no están recibiendo apoyo porque están haciendo uso de las canchas que construyó la alcaldía.
“El contrato ya terminó con ellos (técnicos), además el otro año vamos a retomar el tema con la idea de contratar a profesionales”, dijo el jefe municipal.
Rubén Benítez, entrenador de la escuela, dice que la alcaldía les pagaba 250 dólares a tres técnicos, pero después quedaron solo dos laborando con los infantes.
Agregó que trabajaron con un promedio de 100 niños y que “en este año el alcalde nos pagó un mes de su dinero antes de las elecciones y nos dijo que si el seguía en la alcaldía nos volvería a contratar, pero hasta el momento dicen que no hay dinero”.
Para evitar que los niños dejen de asistir a los entrenos y se involucren en acciones poco productivas, los dos técnicos siguen trabajando con los recursos que consiguen junto a los padres de familia.
La mayoría de los que asisten, provienen de las comunidades de alto riesgo por la delincuencia.