La Fiscalía General de la República, el Ministerio de la Defensa y la Presidencia de la República son las instituciones que más se han resistido a entregar información a la ciudadanía, de acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“Uno solicita información a la Fiscalía y es una de las instituciones que se muestra por el momento más reticente a mostrar información”, señaló el comisionado Jaime Campos, durante la presentación del informe de labores de l Instituto 2014 a 2015.
Según dijo, uno de los casos es la petición de información a la Fiscalía sobre los viajes del Fiscal General. “Nosotros ordenamos que dicha información sea pública, sin embargo hasta la fecha no se ha dado esa información”, sostuvo Campos.
El IAIP señala que han incrementado los casos de apelaciones y faltas de respuesta con relación al periodo del 6 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2014, hubo 175 casos de apelaciones.
Del 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2015 hubo 310, es decir un incremento del 77%.
Por otra parte, hubo 51 denuncias: 24 en el primer periodo y 27 en el segundo.
El IAIP señala que los argumentos más utilizados por las instituciones para negar la información es que la información solicitada es reservada.
Otro de los casos que mencionó Campos como ejemplo de esa denegatoria es el del Ministerio de la Defensa, cuyos titulares se han negado a dar información acerca de operativos militares que se realizaron durante la época de la guerra y otros sobre niños desaparecidos en ese periodo.
La Presidencia también figura entre las que se resisten a dar datos, aunque IAIP justificó su resolución a que no dé datos sobre los viajes del Presidente por seguridad.
Alcaldías, en la mira
El IAIP también detalló que las municipalidades son de los entes obligados que tienen más infracciones por no responder a solicitudes de datos.
Entre el 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2015, se registró 19 casos de alcaldías con procesos sancionatorios por negarse a entregar información pública.
Mientras que hubo tres casos de sanciones en el gobierno central y cinco en las instituciones autónomas, según los datos del IAIP.
Pese a todo, Campos señaló avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información pública.
“Se están dando pasos significativos en cuanto a que se trata de educar, en primer lugar, a los funcionarios en que la información no les pertenece”, dijo el comisionado.
Sostuvo, además, que entre los casos emblemáticos que ha procesado el Instituto está el que ordenó a la Corte de Cuentas revelar un informe de auditoría a la ejecución del contrato para construir la presa El Chaparral firmado entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa Astaldi.