En lo que quedó como una batalla que se perdió sin haberla peleado y sin explicar en qué ley se basó, el gobierno del expresidente Mauricio Funes hizo un arreglo con la empresa italiana Astaldi, que terminó recibiendo en total $108.5 millones pese a que dejó abandonados los trabajos de El Chaparral.
Funes defendió públicamente el acuerdo, argumentando que era mejor hacerlo de esa manera que ir a un litigio internacional con la constructora.
Pero en realidad, el acuerdo y el pago multimillonario para liquidar el contrato pactado entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la constructora italiana Astaldi S.p.A., no hizo más que limpiarle la mesa a los involucrados.
Precisamente, esa contradicción de haber pagado $108.5 millones por una obra no terminada y además la falta de documentación que evidenciara la forma en que se calculó el monto base de esa negociación, que se cerró el 11 de julio de 2012, es uno de los principales cuestionamientos que hacen los auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en su informe preliminar de diciembre pasado, pero ni se cuestiona y apenas se menciona en el último informe de la CCR, de junio de 2015.
El Diario de Hoy publicó en su edición del martes una serie de señalamientos que hicieron los auditores de la Corte de Cuentas en diciembre pasado, pero que sorpresivamente se excluyen en el último informe de junio de este año.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que en los contratos “llave en mano” (como en el caso de El Chaparral), la obra tenía que entregarse totalmente terminada y no tenía que haberse pagado más de lo ejecutado.
En este caso, con el “arreglo directo” el gobierno Funes le dejó a Astaldi casi $80 millones que recibió al inicio como anticipo de la obra más $28.7 millones, incluyendo el IVA, que también les fue devuelto.
El arreglo, que incluía un apartado de confidencialidad, se pactó en dos días y se llevó a cabo por petición de la CEL. Así lo dice una carta que la CEL le envió a la Astaldi el 9 de julio de 2012, en la que le plantea el acuerdo del arreglo al que han llegado como Junta Directiva.
“En cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva, por este medio solicitamos Arreglo Directo para encontrar solución a los reclamos planteados durante la ejecución del contrato No. CEL-4143-S, para lo cual le convocamos a reunión en nuestras oficinas”, le invita la CEL en la carta firmada por el entonces titular José Leopoldo Samour.
Según los documentos, Astaldi alegó “imprevistos imprevisibles” para dejar inconclusos los trabajos y a pedir negociación cuando las obras registraban, según los supervisores de la obra, un atraso del 68%.
Dos días después de la misiva de Samour, representantes de CEL y Astaldi firmaban el Arreglo Directo que implicaba “dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo y sin responsabilidad para las partes”.
En la primera cláusula quedó contemplado el pago global de $108.5 millones que le reconocía la administración Funes a través de la CEL, del que se deducía lo ya pagado a esa fecha en concepto de anticipos, avances y construcción de la obra y otros pagos efectuados. También dejaba sentado el pago adicional que le daba la CEL a la firma italiana argumentando el “costo-beneficio”.
Así, en el acuerdo las controversias sobre el manejo y avance la obra entre CEL y Astaldi quedaron desvanecidos, pese a todos los incumplimientos que la constructora registraba, según los informes de los supervisores delegados por la misma autónoma como por los de los supervisores de la firma externa Euroestudios-Ingetec, contratados para el proyecto.
De tales incumplimientos y de la no procedencia de los reclamos de Astaldi, quedaron incluso evidenciados en el primer informe de auditoría a la ejecución del proyecto realizado por la Corte de Cuentas de manera oficiosa y emitido el 14 de diciembre de 2014.
En ese documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy y del que ha informado ampliamente, los auditores de la Corte le recriminan a la CEL el que no procediera contra la Astaldi cuando ésta incumplió el contrato y detuvo los trabajos en el sitio de la presa.
Es más, le achacan que no hubiere agotado todos los mecanismos antes del arreglo.
Los cuestionamientos al arreglo directo por parte de los auditores de la Corte de Cuentas en dicho informe se fundamentaron en varios aspectos: no encontraron documentación que sustentara cómo calcularon el monto base de $85 millones para luego finalizar con el monto global de $108.5 millones.
“No podemos avalar lo expresado por él (un funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30%”, dijeron los auditores en su informe inicial.
También le cuestionaron ese arreglo por el hecho de que los supervisores externos dijeron que los “imprevistos imprevisibles” que alegaba Astaldi ya los conocía de antemano cuando compitió en el proceso de licitación, porque esos datos estaban contenidos en el diseño básico.
Pero en el arreglo directo, CEL fue benévola con Astaldi al establecer en la tercera cláusula lo siguiente: “Las partes aceptan y reconocen que este monto (el de $28.7 millones más el IVA) ha sido acordado conciliando el avance y construcción de la obra”.
Además, dice el documento, que se ha tomado “en cuenta aquellos reclamos económicos que ambas partes han estimado como procedentes, considerando el costo beneficio que para el interés público origina la inmediata efectividad del presente Acuerdo”.
Y en la cláusula quinta insiste que ambas partes aceptan que con el pago “quedan cumplidas a satisfacción todas las obligaciones de carácter económico debidas en conformidad al contrato, quedando en paz y a salvo por cualquier concepto relacionado con la ejecución del Contrato, y en tal sentido, entienden y aceptan que el presente Acuerdo resuelve de forma definitiva todas las controversias relativas al mismo”.
Es importante recordar que la CCR emitió en junio de 2012 una “opinión” a raíz de varias dudas que tenía Samour para liquidar el contrato conAstaldi. El documento, firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, dice que el artículo 95 de la LACAP prevé que la extinción del contrato implicaba reconocer al contratista sólo obras o servicios ejecutados.