El arreglo directo entre la CEL y la empresa italiana Astaldi, por el cual ésta recibió $108.5 millones, pese a que dejó abandonados los trabajos de la represa El Chaparral, tiene más preguntas que respuestas, a juicio de diputados de ARENA, que ayer cuestionaron, por ejemplo, por qué se pagó por una obra no ejecutada cuando la ley LACAP no lo permite y que el acuerdo no tardó más de dos días.
En la entrevista en Frente a Frente, los diputados Carlos Reyes y Ricardo Velázquez Parker plantearon la necesidad de investigar el proceso de arreglo directo y el pago millonario por una obra que presentaba un escaso avance, durante el gobierno Funes.
Velázquez Parker dijo que es incomprensible que en el arreglo entre la CEL y Astaldi no se pagara únicamente el porcentaje de la obra ejecutada, tal como lo establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Si se pagó cerca del 50% por solamente el 30% de la obra ejecutada, la pregunta es: ¿quién se quedó con el otro 20 %? La pregunta es: ¿fue cobardía, fue corrupción? Yo quiero saber”, demandó el diputado.
Reyes cuestionó que esos $108.5 millones equivalen a casi el 50% del total de la obra (valorada en total en $219 millones) cuando la ejecución apenas alcanzaba una tercera parte, el 29 %.
En su momento, el expresidente Funes defendió el arreglo entre CEL y Astaldi, diciendo que era mejor pagarle a la empresa que ir a un arbitraje internacional.
Pero Reyes señala que la CEL buscó los servicios de empresas para conocer si se negociaba el contrato o se iban a arbitraje y les recomendaron esto último. Sin embargo, prefirieron un rápido trato con la Astaldi.
“En dos días negociaron los $108 millones. O sea, cuando uno comienza a ver estas cosas, empieza a decir: ¿cuál era el sustento técnico? Astaldi no presentó ningún sustento técnico, solo dijo se está moviendo la montaña”, dijo Reyes en alusión al argumento de la constructora italiana para conseguir el trato.
Reyes calificó estos hechos como “bastante oscuros”, y que si bien no están acusando a nadie, consideró que si no hay nada anómalo no deben temer en hacer pública la información.
Ahondó además en otro hecho: el elevado costo que tendrá al final la represa, en los que incluye el gasto en diseños que han sido descartados.
“La misma empresa que hizo el primer diseño (de la presa) que después que se llegó al acuerdo de pagar $108 millones, por el hoyo, esa misma empresa hizo otro diseño, que al final se dijo que no servía, porque si se dejaba ese diseño, la presa le estaría costando a El Salvador alrededor de $500 millones”, afirmó.
Según el tricolor, el proyecto estaba sobrevaluado, pues se debería haber contratado por $133 millones, pero se dejó en $219 millones.
Indagar a extitulares
Reyes también se refirió al señalamiento de los auditores de la Corte de Cuentas en su informe preliminar, que del 30% de anticipo que dio CEL a Astaldi, cerca de $12 millones los trasladó a otros proyectos o los envió fuera del país.
Asimismo recordó que CEL prestó $163 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el proyecto de El Chaparral, de los que ya se pagaron $5.3 millones en concepto de interés pero no se han utilizado los fondos por el estancamiento del proyecto.
Por eso, tanto Reyes como la diputada Margarita Escobar insisten en la necesidad de crear una comisión que indague todos estos aspectos, que incluso investigue al expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, así como al expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, al titular David López, e incluso al expresidente Mauricio Funes “porque el que manda es el de arriba”, según Reyes.
Escobar dijo que espera que en la plenaria de mañana se pueda instalar la comisión de investigación que han pedido para este caso.