La representación del Gobierno ante la Mesa de Articulación Financiera del Consejo de Seguridad Ciudadana se comprometió a presentar un diagnóstico de cómo afectará la llamada “contribución especial” del 10 % a las telecomunicaciones antes de que en la Asamblea Legislativa se apruebe esta propuesta gubernamental para recaudar un estimado de $140 millones destinados para el plan “El Salvador Seguro”.
Ademas, los partidos políticos solicitaron que el Ejecutivo informe sobre los préstamos a organismos internacionales relacionados con la seguridad pública junto con la ejecución presupuestaria a la fecha, ya que consideraron que aun “no hay claridad” para determinar si es o no prioritario gravar con más impuestos a la población.
Esto, según la diputada de ARENA, Milena de Escalón, que estuvo en la mesa, es un punto fundamental en el Consejo, ya que existe confusión entre varios miembros de esta instancia sobre la necesidad de recursos por parte del gobierno cuando se han aprobado varios préstamos y no se ha avanzado en su ejecución.
“Nosotros queremos información y agradecemos la voluntad de Gobierno de presentar el diagnóstico de cómo afectará el 10 % a la telefonía a la población. Además, no se pueden tomar decisiones tan trascendentales cuando se sabe que la ejecución (de los recursos financieros) es baja y la inseguridad sigue imparable”, consideró la diputada.
De Escalón agregó que, como parte de los escenarios que se discutieron, se acordó esperar a que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presente el presupuesto general de la nación para el ejercicio 2016 (previsto para hoy) por los estimados de ingresos y gastos que proyecta el Gobierno central para el ramo de Justicia y Seguridad Pública.
“Espero que el ministro presente un presupuesto donde, en coherencia con el discurso de más fondos para la seguridad, haya un refuerzo para enfrentar a las pandillas y a todas sus estructuras, sobre todo porque el Gobierno asegura que la logrado un ahorro de $60 millones con la política de austeridad que dice ejecutar”, enfatizó la legisladora tricolor.
Por su parte, Waldo Jiménez, representante de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), volvió a plantear en el Consejo la propuesta de reducir el gasto corriente (compras y remuneraciones) de Casa Presidencial, ya que con ello se obtendrían $60 millones que pueden focalizarse en la ejecución de las tareas de seguridad pública.
“Nuestra posición es la de la gran mayoría de empresarios del sector privado que pagan sus tributaciones de ley y que son afectados por la inseguridad: en el Gobierno hay recursos pero se necesita hacer ajustes en cómo está funcionado el Estado, parte de ello es bajar los gastos en la Presidencia y sus adscritas, sólo ahí hay un mínimo de $60 millones” subrayó Jiménez.
Esta medida, para la ANEP también puede aplicarse al Órgano Legislativo y el Judicial donde, según el delegado de la gremial, se pueden hacer importantes ajustes en temas como los asesores, remuneraciones otras prestaciones, algo que también es compartido por De Escalón.
Mientras tanto la delegada del PDC, Ana Guadalupe Martínez, pidió ante el Consejo que no se descarten las propuestas hechas por los otros institutos políticos, como el caso pedecista que, en un acto que califican como “solidario”, recomiendan que los ministros, viceministros y presidentes de autónomas den una parte de sus salarios.
“Aunque ese aporte sea menor que el de un impuesto por principio de solidaridad y de equidad no puede descartarse, como ninguno de los planteamientos hechos por los partidos, su discusión debe de continuar tanto acá en el Consejo como en la (Comisión) Interpartidaria”, indicó Martínez.
La también firmante de los Acuerdos de Paz agregó que se planteó ante la Mesa Técnica del Consejo que el Ministerio de Justicia y Seguridad pueda presentar un presupuesto extraordinario que abarque todos los préstamos y otros dineros. Lo anterior, argumentó, permitiría “un mejor seguimiento” de su ejecución.
“Estamos de acuerdo en que se necesitan recursos pero no se puede cargar todo a la población , hay que encontrar alternativas sobre todo porque en el gobierno se pueden hacer ajustes significativos”, puntualizó Martínez.
Los puntos abordados en la Mesa Técnica se trasladarán al Consejo de Seguridad la próxima semana. Asimismo, se buscará vincular el estudio de la Ley de Reinserción de Pandillas en la Comisión Interpartidaria con los avances a la fecha en el plan gubernamental de seguridad.
El encuentro de ayer se celebró en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en el país y también participaron la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), este último en calidad de observador.