Una propuesta del Gobierno fue presentada ayer para que los salvadoreños paguen una “contribución especial” del 10 por ciento sobre la facturación de su consumo telefónico por mes, para financiar la seguridad ciudadana y convivencia.
Con este nuevo impuesto llamado contribución especial el Gobierno pretende obtener 140 millones de dólares anuales, con los cuales “se financiarían los planes y acciones específicas contempladas en los cinco ejes del plan El Salvador Seguro”.
El gobierno calcula gravar a diez millones de usuarios de telefonía celular.
La diputada de ARENA, Ana Vilma Escobar dijo que como fracción no están de acuerdo con más impuestos a la seguridad porque “a quien viene a golpear es a la población que está bien afectada en su economía”.
Cuestionó la baja capacidad del Gobierno para ejecutar el presupuesto asignado para 2015, y pese a ello, esté buscando más recursos.
Argumentó que el Ministerio de Justicia y Seguridad solo ha ejecutado el 58 por ciento de su presupuesto anual.
Asimismo afirmó que tampoco han ejecutado los préstamos internacionales, lo que implica que el tema de inseguridad del país no es cuestión de más dinero y “lo más preocupante de esto es que se afecte a la población que tiene necesidad de las telecomunicaciones, subrayó Escobar.
“Hemos discutido en el seno del Consejo de Seguridad sobre los dos mil millones de dólares que necesita el programa El Salvador Seguro, así como las fuentes de financiamiento, pero no deben haber iniciativas aparte donde se busque un impuesto adicional a la familia salvadoreña que ya está bastante afectada”, cuestionó la diputada Escobar.
A su juicio lo que se debería hacer es buscar como utilizar mejor el dinero y ejecutar los fondos disponibles, utilizar los préstamos y que ni siquiera han sido reembolsados, ahí como tener planes concretos en que piensan utilizar esos fondos, pero no más impuestos, sentenció.
El teléfono ahora no es un lujo, es algo necesario por la angustia que causan 22 homicidios diarios. La familia gasta en comunicaciones no por lujo sino por necesidad, pues mediante la comunicación puede saber dónde están sus seres queridos, informarse si les ha pasado algún problema o si llegaron con bien al trabajo, explicó.
Entre tanto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres insiste en que “si bien es cierto que diez millones de teléfonos van a pagar, también es cierto que todos los beneficiarios son ellos que tendrán una mejor calidad en la seguridad”.
La propuesta del nuevo tributo (Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia) fue entregada ayer por la tarde a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña para su discusión en el seno de la Comisión de Hacienda y su posterior aprobación en el pleno legislativo.
Cáceres dijo que el nuevo tributo no se debe concebir como otro impuesto si no como una “contribución especial”.
Explicó que los fondos que se recojan no podrán utilizarse en otros fines sino solo en los planes de seguridad.
“El nuevo tribuno recaerá sobre la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación”, justificó Cáceres.
De ser aprobada la medida, las telefónicas agregarán a la factura, ya no solo el 13 por ciento del impuesto de venta sino también el 10 por ciento del consumo mensual.
El ministro de Seguridad, Benito Lara afirmó que con esta propuesta pretenden generar una discusión en la Asamblea Legislativa en torno al problema principal del país, y que al final se llegue a la conclusión que se requiere de un financiamiento especial que permita abordar todos los factores de riesgo de la sociedad, en los cuales se pueda invertir y se puedan resolver.