En adelante, los salvadoreños podrán conocer con cuántos bienes, propiedades y dinero entran y con cuánto dejan los cargos los funcionarios públicos, en virtud de una disposición de la Corte Suprema de Justicia.
El pleno de los magistrados del máximo tribunal sentó un precedente para la transparencia en El Salvador al aprobar el martes que la Sección de Probidad de la Corte entregue copia de la declaración patrimonial de funcionarios y exfuncionarios a quienes lo soliciten, dijeron fuentes oficiales.
El primero en dar el ejemplo fue el magistrado Rodolfo González, cuya declaración fue entregada el jueves anterior al abogado Herbert Danilo Vega, quien lo había requerido al máximo tribunal.
De esa manera, la Corte cumplió una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a quien recurrió el abogado Vega cuando en un primer momento le dijeron que la información solicitada “era reservada”.
En la Corte Plena del martes, los magistrados acordaron por 14 votos que así como se hizo en el caso del abogado Vega, de entregarle copia de la declaración patrimonial del magistrado González, “con el mismo criterio y modo de proceder deberá de implementarse las solicitudes que con base en el derecho a la información pública hagan o hayan hecho las personas sobre declaraciones de estado patrimonial de funcionarios, aunque éstos ya hayan cesado en sus cargos” (ver fragmento del acta anexo).
De acuerdo con copia del acta, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy, el acuerdo fue tomado por los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, Ricardo Mena Guerra, Rodrigo Suárez Fishnnaler, María Luz Regalado, Belarmino Jaime, Armando Pineda Navas (presidente), Sidney Blanco, María Luz Regalado, Roberto Argueta, Elsy Dueñas, Juan Manuel Bolaños, Sergio Luis Rivera, Ricardo Iglesias y el mismo Rodolfo González.
Partes de la información se reservarán, como datos personales o familiares, en vista de que lo que se busca es facilitar la transparencia sobre las cuentas y facilitar investigaciones en caso de enriquecimiento ilícito, se explicó en la misma sesión.
Según el acta, el presidente de la Corte, Oscar Pineda Navas, dio testimonio de que fue el mismo magistrado González quien promovió la apertura de su informe en aras de sentar ejemplo de transparencia y combate a la corrupción en el Estado.
“Magistrado presidente felicita al magistrado González por la apertura y apoyo a que sea su caso el que permita al Pleno pronunciarse, con la unanimidad que se advierte”.
Según el acta, el presidente de la Corte reveló que fue el mismo González el primero en mostrar su apertura a transparentar su declaración patrimonial. “Él fue el primero en decir: miren, a mí me parece que hemos estado como Sala como Corte tratando de combatir la corrupción, lo menos que podemos hacer es apoyar y que se haga público unas declaraciones de este tipo, pues que lo que demuestran es transparencia”, aseguró Pineda.
Luego el presidente de la Corte dijo que respaldaba la decisión, “porque abona al combate de la corrupción”.
Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional, dijo al pleno que esta decisión se tornaba “trascendental por la cantidad de solicitudes que se presentarán, ya que estima que la ocultación de informción ha contribuido a la creciente corrupción estatal de los últimos años”.
Por su parte, la magistrada Doris Luz Rivas Galindo también calificó de trascendental combatir la corrupción, pero pidió no dejar del lado el contexto nacional en el proyecto de resolución.
Según la magistrada, también hay “otros actores de la sociedad como los grandes evasores que están llevándose la cosa pública”, además de la falta de actualización de los formularios de la sección y la pasividadd en su actuación.
El mismo González propuso que dado que tanto las Salas como la SCJ han dado grandes avances sobre criterios constitucionales, principios y utilización de tratados, se debería “integrar los demás pronunciamientos de avanzada que se han pronunciado en otros temas trascendentales”.
Por su parte, el magistrado Meléndez expuso que “no se trata de sacrificar derechos personales de los funcionalios sino que se debilitan frente al interés público”.
El debate de los magistrados que llevó a tomar la decisión de abrir al público los informes patrimoniales de todos los funcionarios, surgió luego de ser notificados por el IAIP sobre la resolución que emitiera el pasado 23 de julio.
El Instituto dice que los informes patrimoniales no son reservados, por lo que ordenó entregar esa información pero con la condición de que se tachara u omitiera datos confidenciales del magistrado.
La información debía entregarse en los cinco días hábiles después de la notificación, lo cual se cumplió el jueves.
Según el acta, la discusión incluyó otras aristas como que la Corte apruebe cada caso de solicitud de información sobre declaraciones patrimoniales.