Pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) obliga a las instituciones del Estado a publicar información de las contrataciones y licitaciones, entre otros aspectos, en muchas de ellas dicha información está desactualizada o no la han incluido como manda el cuerpo normativo.
Es más, algunas carteras estatales como el Ministerio de Hacienda remiten la información al portal del Sistema Electrónico de Compra Públicas de El Salvador (CompraSal), donde aparecen los montos de contratos gastados por cada institución, no así el detalle de los rubros contratados ni los proveedores que ha resultado favorecidos en la compra, ya sea en la modalidad de licitación pública, libre gestión o contratación directa.
La LAIP obliga a las distintas carteras del Estado, así como a la instituciones autónomas, a publicar la información de sus contratos, considerándolo como información oficiosa, es decir, la que se debe poner a disposición de la ciudadanía sin que se tenga hacer una solicitud a cada una de las distintas oficinas de acceso a la información que funciona en cada institución pública.
La página CompraSal cuenta con un programa anual de adquisiciones y contrataciones, pero en lo que va de 2015 sólo ha publicado datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría Técnica de la Presidencia, que en conjunto hacen un monto programado de $53,748,256.00.
Además de Hacienda, otras instituciones que en 2015 no registran información sobre compras y licitaciones en el portal de transparencia “Gobierno Abierto”, ubicado en cada una de sus páginas web, son el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Educación, el Fondo Social para la Vivienda (FSV), el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
Muchas de estas instituciones no han publicado la infomación de contratación de años anteriores al 2012.
Entre las instituciones que no registran ninguna información de este rubro en su sitio electrónico es el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
En tanto, la Asamblea Legislativa reporta en su portal de transparencia la programación de compras desde 2011 hasta 2013. La información sobre la adquisición de obras de arte en ese órgano de Estado, además, se registra solo hasta 2012.
Por otra parte, hay instituciones que han actualizado a cabalidad la información, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Obras Públicas, la Presidencia de la República, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Centro Nacional de Registros (CNR)entre otros.
Ley obliga publicar
La LAIP es tajante cuando distingue qué tipo de información debe ser publicada de forma obligatoria por las instituciones del Estado, y los datos sobre contrataciones en la administración pública no son la excepción.
El apartado que indica esta obligación es el Artículo 10, inciso 19, de la LAIP, la cual señala que será información oficiosa “las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, detallando en cada caso: a) Objeto. b) Monto. c) Nombre y características de la contraparte. d) Plazos de cumplimiento y ejecución del mismo. e) La forma en que se contrató, ya sea por medio de licitación o concurso, público o por invitación, libre gestión, contratación directa, mercado bursátil o cualquier otra regulada por la ley, y f) Detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos”.
Además, establece que cada Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de las instituciones públicas debe tener un registro de las contrataciones realizadas en los últimos 10 años.
De acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP), dicho registro permitirá “la evaluación y fiscalización que deben realizar los organismos y autoridades competentes”.
Por otra parte, obliga a las instituciones a tener un registro de ofertantes y contratistas, “a efecto de incorporar información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés para futuras contrataciones o exclusiones”.
Y agrega: “Dichos registros podrán elaborarse en forma electrónica y serán de carácter público”.