“Es un error político que los cuatro magistrados a lo que nos están llevando como país es a despartidizar todo el sistema político electoral de El Salvador”.
Así se expresó recientemente el máximo dirigente del FMLN, el partido en el gobierno, sobre la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que le da nuevos poderes a los ciudadanos en el ámbito electoral.
Los magistrados le quitaron la potestad a los partidos políticos de nombrar a sus militantes como integrantes de organismos electorales temporales como: Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM); en su fallo del pasado 22 de julio, ordena que sean integradas por ciudadanos sin filiaciones partidarias.
También ordenan al Órgano Legislativo que haga la adecuación de la legislación electoral “para garantizar la adopción e implementación del proceso de ciudadanización de los organismos electorales temporales”.
Además, los magistrados emitieron la semana pasada una resolución en la que le volvieron a recordar a la Asamblea Legislativa que está obligada a legislar sobre el voto cruzado, ya que el FMLN y Gana avalaron el año pasado que fuera el Tribunal Supremo Electoral el que tomara las medidas para implementarlo.
Pero para el dirigente efemelenista lo que está haciendo la Sala es trabajar una “agenda”. “Lo que hay por parte de los cuatro magistrados es una agenda, una contra reforma que están implementando desde hace rato”, afirmó el pasado 26 de julio.
Que el FMLN critique las decisiones de esa Sala en particular y arremeta contra los magistrados que la integran ya no es extraña, debido a que ha sido una constante con todas las resoluciones que ha emitido en materia electoral.
De hecho, González en su reciente critica a la Sala también recordó otras sentencias a las que su partido se ha opuesto de forma férrea como la del voto cruzado y el voto por rostro (o de listas desbloqueadas).
Contradicen sus planes
Lo que sí resulta contradictorio, y es un punto a destacar, es que el FMLN plasmó en el plan de Gobierno que presentaron en la campaña presidencial Salvador Sánchez Cerén, actual presidente del país, y Óscar Ortiz, vicepresidente, un eje en el que prometieron dar participación y ser inclusivos con la ciudadanía durante su mandato.
En el documento presentado el 5 de noviembre de 2013: “El Salvador adelante. Programa de gobierno para la profundización de los cambios”, dedicaron el Eje 10 bajo el título “Lo haremos con la ciudadanía. El estilo democrático de gobernar” para explicar que darían poder a la ciudadanía.
“Seremos un Gobierno ciudadano, incluyente y participativo. Una administración dedicada a darle voz y a servir a la ciudadanía”, dice en el plan de gobierno.
Una de las metas que se propusieron fue una “Política nacional de participación ciudadana en los asuntos de gobierno y de país”.
También plantearon que harían una “consulta en los primeros cien días sobre el diseño y adopción de la Ley de Participación Ciudadana”.
Y prometieron promover el ejercicio de consultas “por iniciativa de la ciudadanía o de los organismos del Estado en asuntos de alto interés nacional o territorial”, entre otras ofertas.
Sin embargo, cuando la Sala de lo Constitucional ha ordenado, justamente, la participación de los salvadoreños en asuntos de interés para el país y en instancias del Estado, el FMLN se ha opuesto.
Dos claros ejemplos de ese rechazo han sido cuando los magistrados ordenaron en junio del año pasado apartar al entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y actual vocero del gobierno, Eugenio Chicas, por sus vínculos partidarios, y ordenaron que ese organismo del Estado fuera integrado por personas sin militancia partidaria.
También reprochó cuando la Sala declaró inconstitucional el nombramiento del presidente de la Corte de Cuentas por el mismo argumento: su filiación partidaria.
“Categóricamente afirmamos que la afiliación partidaria, por sí misma, no puede suponer un elemento excluyente con el deber del funcionario de cumplir con la Constitución y la leyes”, contestó el FMLN mediante un comunicado en junio del año pasado.
A juicio de la cúpula del partido oficial, con esas sentencias “se desestabiliza el sistema político y democrático consagrado en la misma Constitución”, según argumentaron el año pasado.
Los argumentos de la dirigencia efemelenista contrasta con lo que también quedó plasmado en el Plan Quinquenal del actual gobierno farabundista.
En el capítulo II de ese documento, bajo el título:Transformación del Estado, planeación del desarrollo y participación ciudadana, plantean que “la mejor garantía del bien común es la vigorosa participación ciudadana”.
Y prosiguen: “Sin ella, el Estado pierde su esencial sentido democrático y tampoco es factible transformarlo ni implementar un nuevo modelo de desarrollo que le permita recuperar su rol de planificador, rector, gestor, distribuidor y redistribuidor”.
Asimismo, indican en el texto que “incentivar la participación ciudadana implica construir una ciudadanía activa, capaz de exigir al Estado el cumplimiento de sus derechos y colaborar con este para la generación de una sociedad justa, solidaria y soberana”.
Pero ahora que los magistrados han ordenado la ciudadanización de los organismos electorales temporales, el partido gobernante ha puesto reparos al decir que hacer las reformas que ordena la Sala para incluir a ciudadanos sin filiación partidaria significará “un trabajo terrible”. Así lo dijo Medardo González tras el fallo y declaró que su partido estaba listo para “continuar con el anterior esquema” de integración de las JRV, es decir, solo militantes de los partidos.
Pero en el Plan Quinquenal, que tomó como base el Plan de Gobierno de Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, el partido de gobierno planteó que:“La participación ciudadana deberá ser la dinamizadora de procesos creativos e innovadores para seguir impulsando la construcción del nuevo modelo de desarrollo. Por tanto se promoverán nuevas formas de participación que valoricen la pluralidad, la igualdad, los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y la responsabilidad compartida en la construcción de nación”.