El accidente aéreo en el que murieron dos jóvenes estudiantes y un instructor el 11 de julio de 2012, ocurrió porque la aeronave se quedó sin combustible en el aire, concluyó una investigación firmada por expertos estadounidenses tres años después.
A esta causa, se agregaron, otras 13 supuestas irregularidades, las cuales habrían influido en el fatal accidente poco después de despegar de la pista aérea en Ilopango.
La avioneta bimotor, matrícula YS-125 PE, cayó minutos después a un barranco en la colonia El Pepeto, en Soyapango, según un informe final entregado a la empresa Dardano Aeroservicios.
Se intentó conocer la posición del propietario de la avioneta siniestrada y de su escuela de aviación, Carlos Dárdanos, en cuanto al estudio que detalla las causas probables del percance y en el que se hacen señalamientos en su contra, pero su secretaria dijo que él llamaría al periódico para referirse al tema cuando estuviera preparado, pero al cierre de esta nota, tres semanas después, no había respondido ningún llamado de EDH para conocer su opinión sobre el incidente.
Los investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) organismos de investigación de los Estados Unidos, concluyeron que esa falla ocurrió por el mal armado de la bomba selectora de combustible, en momentos que cambiaban la tapicería del avión.
Aparentemente por modificar la alfombra del avión, desarmaron la válvula selectora y al momento de volverla a instalar no lo hicieron bien, la dejaron casi en posición de off (apagada) o semi cerrada.
En esa posición, la avioneta solo pudo despegar de la pista pero cuando se elevó y requirió un mayor flujo de combustible, los motores se apagaron y se precipitó al barranco.
“La Escuela no registró la reparación, ni la fecha que se hizo, el lugar, el nombre del técnico, el taller a cargo del trabajo, el récord de este centro de servicios que brindó este tipo de reparaciones”, se quejó David Calles, padre de Rodrigo José Calles Márquez, el otro estudiante que murió en la tragedia aérea.
“La válvula puede estar en dos posiciones OFF izquierdo que alimente los dos motores o derecho que abastezca un motor, esa es la función de esa válvula y la cual es estratégica en el funcionamiento de la máquina”, explicó José Martínez, padre de José Antonio Martínez Cañas, el otro joven que murió aquel 11 de julio.
Martínez afirmó, que cuando matriculó a su hijo en Aeroservicio Dárdanos dijo a su propietario “entrego a mi hijo no a una escuela sino a mi amigo Carlos Dárdanos y me traicionó”.
Según el informe de 109 páginas, el cual resume los hallazgos de la indagación, en la fecha que se registró el accidente, la escuela propietaria de la avioneta, no tenía los permisos para impartir clases con aviones multimotor y fue hasta diciembre de ese mismo año, cinco meses después, que la Autoridad de Aviación Civil, le entregó el permiso correspondiente.
Los expertos también encontraron que la aeronave siniestrada no había pasado el vuelo de prueba después de los trabajos de tapicería , antes de salir con los dos estudiantes, con lo que hay un agravio a las leyes especiales y sus reglamentaciones”, señaló uno de los padres.
Sin embargo, Dárdanos sostuvo en su reporte que la avioneta fue chequeada antes del vuelo.
Pero los investigadores afirmaron que “no existe ningún tipo de documentación para verificar su versión y tampoco existe anotación de mantenimiento en sus bitácoras”, refieren los investigadores.
“La Autoridad de Aviación Civil (2012) lejos de ponerle una sanción por operar con dos motores sin sus permisos, cinco meses después, lo tramita y se los da”, reclamó el padre de una de las víctimas.
El querellante (abogado acusador), Carlos Morales, interpreta la entrega de un permiso importante meses después del percance, como un acto de ocultamiento para favorecer a Carlos Dárdanos.
“Como quien dice, si no tenés permiso para sobrevolar con bimotor te van a penalizar y se los entregan, para que los tenga para cuando deba demostrarlo, pueda probarlo”, supone otro de los padres.
Además, el informe establece que la aeronave en mención, no aparecía registrada a nombre de la escuela como lo demanda la Ley, sino a título personal del propietario, Carlos Dárdanos.
“Con esto vemos una irregularidad delicada y grave que se atribuye a la anterior administración de la Aviación Civil”, señala el abogado.
Destaca el informe que la aeronave siniestrada tampoco había tenido el mantenimiento adecuado después de accidentarse en dos ocasiones.
“Era una bomba de tiempo que desgraciadamente, vino a caer en nuestros hijos”, dijo Martínez.
Tampoco el instructor que pereció en el mismo hecho, había completado el entrenamiento necesario, para impartir lecciones a estudiantes con aviones bimotor.
“Según registros, de parte de la escuela de Aviación Dárdanos Aeroservicios, propiedad de DARGONZA, S.A de C.V. el entrenador, José Miguel Ávalos Campos (tercera víctima del percance aéreo) no le aparece en las bitácoras de instructoría, la firma de haber recibido las horas y lecciones de vuelo, para obtener la habilitación como instructor de aeronaves multimotor de las lecciones cuatro a la 12.
Tampoco las lecciones de la seis a la nueve están firmadas por el instructor de Ávalos.
El abogado, Carlos Morales, afirmó que los investigadores han establecido que en la escuela Dárdanos, en abril de 2011, certificó ante Aviación Civil que el instructor Ávalos había completado con su entrenamiento para dar clases de vuelo en aeronaves bimotor, pero en los registros de dicha escuela, no se refleja que Ávalos Campos recibió las lecciones 10 y 11; sino hasta diciembre de 2011 y la última, la clase 12, ni siquiera la recibió, pero el operador de la escuela, certificó su completo entrenamiento desde el 15 de abril, ocho meses antes de haber recibido la penúltima lección.
“En otras palabras la licencia que portaba Miguel Ávalos no era válida, pues no tenía la formación que demandaba la Ley y que respaldara su instructoría ”, afirmó Martínez.
“Existen fuertes indicios que el operador de Aeroservicios Dárdanos, brindó a Aviación Civil, datos falsos sobre la calidad o capacidad del instructor Ávalos Campos, ante la falta de sus firmas y de quien se las impartía y que dicha información fue registrada posterior al accidente”, alega el abogado, Carlos Morales.
La indagación, también encontró registros que el avión accidentado, realizó el 15 de marzo de 2008 un “overhaul” de sus motores sin seguir los procedimientos indispensables, por falta de registros como lo demanda la Ley.
De ahí, que la avioneta no estaba en condiciones de sobrevolar el día de la tragedia, expresa uno de los padres.
Tampoco hay registros de los defectos técnicos de la aeronave, motores o equipo auxiliar en el libro de vuelo o de mantenimiento, tal como lo exige la norma de aviación civil.
De acuerdo con los resultados de la investigación, el propietario de Aeroservicios Dárdanos mintió, al afirmar que la aeronave y motores estaban en regla, pues no hay registros de ello.
Como antecedentes, en el reporte que hicieron los especialistas se indica que el 6 de octubre de 2006 dicha avioneta se accidentó, con lo cual se dañaron el tren de aterrizaje, las hélices, motores y otros, y no hay nada que certifique las reparaciones y mantenimientos que esas partes recibieron para volver a sobrevolar, indica el informe técnico de los expertos.
Los padres de los jóvenes, quienes se desenvuelven en la aviación comercial desde hace más de 30 años, concluyeron que el informe rendido, revela irregularidades en la obtención de licencias como instructor, con respecto a las fechas de las lecciones que el piloto debió haber recibido para tener esa acreditación, señala el otro padre.
Atribuyeron estas supuestas irregularidades, a la administración anterior, que dirigió la Autoridad de Aviación Civil (2009-2014).
“Queremos hacer notar que la administración actual de Aviación Civil hizo que tanto el organismo centroamericano (ACCSA) como COCESNA, encargados de ordenar la investigación y presentar el informe correspondiente, aceleraran el proceso”, aclaró uno de los padres.
Una de las supuestas irregularidades que familiares de las víctimas revelan, es el tiempo que han tardado, tres años, para rendir el informe de investigación, mientras que la Ley establece un año para hacerlo público.
“El indicio más claro que nos arroja el informe de investigación del accidente, es que hubo corrupción”, afirmó el abogado.
A pesar de las irregularidades en la formación, el trabajo del instructor antes del percance fue buena, porque evitó que una tragedia mayor.
En el informe, se quiso atribuir el accidente a una mala maniobra del piloto, pero desde el punto de vista de los investigadores, estiman que pudo ser más confiable aterrizar de frente pero el daño hubiese sido peor, pues habría arrastrado unas 20 casas e igual número de familias en la colonia El Pepeto.
Además de derribar postes de alumbrado público y todo la infraestructura que se encontrara a su paso, según concluyó, la Junta de Seguridad de Transporte Nacional de los Estados Unidos, expertos encargados de investigar causas de accidente importantes.
“El reporte de la investigación de este accidente es contundente al señalar que no solo hubo negligencia, sino malicia de parte de Cárlos Dárdanos como representante legal de la sociedad y de la aeronave”, puntualizó Morales.
Añadió el abogado, que las supuestas irregularidades no pudo haberlas hecho solo, tuvo la colaboración del director ejecutivo de Aviación Civil de la anterior administración 2009 – 2014”, aseveró Morales.
Como padre de una de las víctimas, Martínez dijo que se sentía satisfecho del trabajo de la nueva administración de Aviación Civil, por el trabajo realizado en ordenar esta investigación.
Pero también dijo “estar sumamente ofendidos con el compañero y amigo Carlos Dárdanos”.
“Yo le entregué mi hijo no a una escuela cualquiera, sino a mi amigo Dárdanos, y este amigo no ha sido capaz de decirme, la regué, discúlpame”, reclamó Martínez.
Dijo que esperaría justicia, y que los jueces actúen como que se trataran de sus hijos, las víctimas de esta tragedia.
Calles por su parte sostuvo que el proceso ha sido desgastante, pero en su mente y corazón, “la gente podía pedirnos que dejáramos las cosas como estaban, pero si se hubiera abandonado el caso, no se habría registrado algún cambio en las demás escuelas de aviación”, sentenció.
Este informe, ha sido como una dolorosa experiencia para los directores de escuelas de aviación para que empiecen hacer las cosas como deben ser.
“Nuestros muchachos (futuros estudiantes de aviación) se merecen una buena escuela de aviación y de una educación profesional y la única forma de hacerlo es con aviones adecuados, con buen mantenimiento y con personal eminentemente capacitado”, afirmó.
“Si no hubiera hecho nada, me sentiría frustrado que no hice lo correcto y ahora siento que el tiempo y los resultados me han dado la razón, porque la amonestación es para la aviación en general”.
El 21 de enero de 2013, la representante de la escuela Dárdanos fue demandada ante el Juzgado de lo Civil de Soyapango por este caso. Los ofendidos están a la espera de la audiencia preparatoria en la que un perito contratado, pueda explicar al tribunal, el detalle del informe técnico de investigación realizada por los organismos internacionales.
Finalmente, las partes involucradas estarían pendiente de la audiencia de prueba y sentencia (juicio) donde comparecerán los familiares de las víctimas y representantes de la escuela, para conocer si habría una condena civil o una absolución al propietario de Aeroservicios Dárdanos.
