En una lucha contra reloj los representantes de las gremiales de transporte AEAS, ATP y Rutas Unidas presentarán esta mañana ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público.
Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP) señaló que la mencionada legislación a la que conocen como Decreto 487, entrará en vigencia el 16 de este mes e implica el inicio del pago de subsidio de cuatro centavos de dólar a buses urbanos por pasajero movilizado y dos centavos de dólar a los microbuses.
Lo anterior también implica que los dueños de buses tienen que instalar un sistema electrónico de cobro y conteo de los pasajeros en cada bus y microbús.
Soriano argumenta que en el recurso se cuestiona el hecho de que el decreto 487 fue aprobado en el seno de la Asamblea Legislativa de manera ilegal y por la vía de una dispensa de trámite cuando ya se había dado un dictamen favorable sobre esa temática.
“La misma Sala de lo Constitucional ya determinó que no se pueden meter decretos con dispensa de trámite, sólo en el caso de que sea de emergencia”, precisó Soriano en alusión a una previa resolución que la instancia emitió sobre el caso de un préstamo millonario.
Soriano asegura que la legislación contiene violaciones al derecho a la igualdad. Pone como ejemplo que en el área metropolitana están obligando a invertir en un sistema de conteo de pasajeros y no en el resto del territorio. También señala que, si bien tanto el bus como el microbús invertirán lo mismo en el sistema de cobro, se estableció pagarle más a unos que a otros.
“Esperaríamos que realmente la Sala de lo Constitucional vea el caso que puede ser muy grave, ya que de una u otra manera estaría violentándole derechos de los operadores (del transporte de pasajeros)”, aseguró.
El representante de la ATP sostiene que tampoco se ha tomado en consideración que la entrada en vigencia de la normativa podría generar problemas a la población; incluso una crisis en el caso de que algunos miembros del sector por falta de fondos no logren instalar el sistema electrónico y por tanto no tengan acceso al subsidio.
En una entrevista realizada a principios de julio, Soriano estimó que la inversión en tecnología necesaria para cumplir con los nuevos requisitos ronda los $2.7 millones solo en el área metropolitana de San Salvador.
El presidente de la Asociación de Transporte de Pasajeros señaló que las reformas que promueve el Viceministerio de Transporte (VMT), de una u otra forma, están orientadas a favorecer a una empresa que en los últimos años ha querido entrar con el tema del cobro electrónico del pasaje.
La empresa Subes es la única que actualmente tiene autorización del VMT para instalar y operar el sistema de cobro electrónico en el transporte público.
Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), explicó que están listos para asistir hoy a la Corte Suprema de Justicia.
“El proceso de formación de ley (Decreto) se hizo mal y en eso nos vamos a basar para interponer la demanda”, señala.
Aunque, el transportista explica que ya hay un antecedente de la Sala que resolvió en contra del decreto del préstamo de $900 millones por la forma en que se aprobó, no deja de preocuparse por el tiempo que esta instancia se pueda tomar para emitir un fallo.
Considera que debe resolver urgentemente, porque si no el transporte público se verá afectado a partir de septiembre.
También coincidió en señalar que se está tratando de abordar el tema de las desigualdades con que se aplica la medida, puesto que no se ha tomado en cuenta a las rutas interdepartamentales.
Ramírez asegura que el gobierno ha cometido varios errores legales que son los que van a plantear en su demanda de inconstitucionalidad, tal como ocurrió con las multas.