El analista de la Universidad Internacional de la Florida, José Miguel Cruz, ve con preocupación el agudizamiento de la crisis de violencia que atraviesa el país que ha alarmado a personajes como el mismo Papa Francisco.
Cruz, con larga data de estudios sobre el tema de la inseguridad ciudadana en El Salvador, califica de erradas las posturas del Gobierno y resiente que el Ejecutivo y el partido oficial, FMLN, estén priorizando más una agenda política por sobre el interés nacional de resolver el grave problema de inseguridad.
En entrevista con El Diario de Hoy, este analista plantea que el Ejecutivo dirigido por Salvador Sánchez Cerén está desaprovechando una gran oportunidad de cohesionar a las fuerzas vivas del país para afrontar la crisis y que, por el contrario, mina el terreno para fructificar los apoyos que ofrecen los sectores fuera del gobierno.
Se ha visto en los últimos días un agudizamiento de la inseguridad. ¿Cómo lo valora?
—Lo que vemos es como una continuación del proceso de agravamiento en la seguridad. No sé si llamarlo crisis, porque la sensación está llevando a pensar que después de un tiempo vamos a estar en una situación igual e incluso peor, si no se toman las medidas adecuadas. En este punto hay una especie de coincidencia casi en todos los sectores de la sociedad salvadoreña que la situación está fuera de control.
¿El gobierno insiste en que tiene el control?
—Creo que son los únicos, por razones de imagen que los altos funcionarios del gobierno mantengan esta postura, pero incluso dentro de los niveles medios del gobierno lo aceptan que básicamente la situación está fuera de control.
Estamos en camino de convertirnos de nuevo en el país con la tasa de homicidios más alta en el mundo con una diferencia muy grande con respecto a nuestros vecinos (Honduras y Guatemala) que no están nada bien; por lo tanto, esto es una situación muy grave.
¿El hecho que en los niveles altos del gobierno no se acepte la situación real del país tiende a complicar más la situación?
—El mayor problema que tenemos en este momento, en mi opinión, es cómo el Gobierno está respondiendo a esta crisis. Uno puede entender que las cosas no estén funcionando bien, eso pasa en todos los gobiernos, pero no con la magnitud con la que está pasando en El Salvador; pero el gobierno central no parece, primero admitir, y segundo responder de la manera más competente a la magnitud de la crisis. Es un problema muy serio cuando hay un Gobierno que en lugar de aprovechar la situación para cohesionar a la sociedad salvadoreña en torno a un problema grave y buscar formas de solución conjunta; en lugar de hacer eso, más bien contribuye a la división y polarización de la sociedad.
¿Es decir, que está jalando las cuerdas erróneas?
—Sí, el Gobierno aquí tendría una oportunidad muy grande para echar a andar un programa sostenido, coherente, donde participen muchos sectores, y creo que lo desperdicia cuando invierte mucho de su tiempo en acusar a la oposición o a las críticos de deslealtad, de esfuerzos de desestabilización.
¿Cómo cree que están viendo las estructuras criminales estos mensajes que salen de las autoridades del país?
—Lo que muestra para estructuras criminales es debilidad, es un Gobierno que se siente y se proyecta aislado y un poco paranoico; repito, esta sería una buena oportunidad para construir alianzas y un bloque de unidad en torno al problema de seguridad, pero en lugar eso pierde el momento, la oportunidad y el tiempo tratando de sacar raja política de manera mezquina.
¿Qué está haciendo el Ejecutivo de manera atinada o desatinada para paliar la situación?
—En situaciones como la que pasó hace dos semanas en que el país se paralizó, cuando buena parte de la población sufre las consecuencias y que el país pierde económicamente es muy difícil pensar que el Gobierno hizo algo atinado. Lo que estamos viendo es resultado de una aproximación al problema de la seguridad que ha sido muy errada, el gobierno decidió en la práctica, y sin llamarlo Mano Dura, hacer una reedición de la Súper Mano Dura. Entonces es muy difícil encontrar puntos positivos del Gobierno, que no digo que no los haya, pero están escondidos quizá esta prioridad que parece ser y enfatizar la guerra total por medios represivos contra las pandillas, y otra vez no está dando resultados.
Otro analista consideraba en un artículo de opinión que el boicot al transporte público encendió una chispa en la conciencia ciudadana y que este puede ser un detonante que pueda desbordarse contra el Gobierno para exigirle el cumplimiento del deber de garantizar la seguridad ciudadana. ¿Usted comparte esa tesis?
—Es muy difícil pensar en eso, porque hay un problema estructural con la sociedad salvadoreña, y es que los salvadoreños en general participan muy poco; si uno ve los datos de varios estudios a nivel regional El Salvador siempre está en el nivel más bajo de participación ciudadana en la práctica. Por eso decía que esta es una oportunidad perdida, porque con una crisis de esta magnitud el gobierno podría movilizar a la ciudadanía para construir una respuesta integral al problema de la inseguridad donde participen todos los sectores, pero el gobierno no está haciendo eso, ni parece que tenga interés de hacerlo.
¿Predomina el descrédito ante la crítica?
—Exacto, cualquier expresión que muestre una crítica al Gobierno en cuanto a este tema es tomada de muy mala manera, lo califican de “esfuerzos desestabilizadores”, con adjetivos incluso risibles como el de “golpe de Estado suave”. Eso es un error muy grave.
¿Qué impacto tiene el miedo al incrustarse en la convivencia cotidiana de los salvadoreños?
—En ciertas circunstancias desarticula respuestas adecuadas al problema de la inseguridad y puede fomentar también la tenencia de armas en manos de civiles, y esas armas pueden terminar en manos de los pandilleros y del crimen organizado. Lo peor es que el Estado pierda legitimidad y en este punto el Gobierno y el partido FMLN van a enfrentar un problema muy serio, la crisis de inseguridad puede afectar al partido en su legitimidad con sectores que han sido su base tradicional por muchos años.
¿Qué perfiles cree que se deberían tener al frente de las instancias encargadas de la seguridad pública en El Salvador?
—No es un problema de perfiles de quién es el ministro o coordinador de seguridad. Estoy convencido de que pueden ser personas capaces, pero me parece que hay una especie de conflicto entre esa área más política del Gobierno, el FMLN, donde hay como una desconexión; parece que no han entendido que ahora están en el Gobierno y que la gente pide respuestas y eficacia para resolver los problemas.
¿Eso evidencia empeoramiento?
—Claro, porque esa área política es la que no logra aterrizar en muchas de las respuestas necesarias. Así es como por un lado vemos a gente del FMLN hablando de “desestabilización y golpes de Estado suaves” cuando en realidad deberían estar apoyando a sus funcionarios dentro del Gobierno para encontrar estas salidas y respuestas congruentes de políticas y acumular así apoyo de la ciudadanía. Así vemos a una Policía que sigue enfrascada en una guerra total contra las pandillas.
¿Pero esa reacción de choque de la Policía evidencia también la carencia de un plan diseñado?
—Exacto, lo que está sucediendo es que la Policía y el Ejército han sido dejados a reaccionar como puedan, y el Gobierno dice y repite “tenemos un plan”, pero no parece que ese plan se esté implementando en todos los niveles e instituciones del gobierno.
Aquí en Estados Unidos sería inconcebible que el comandante en jefe salga del país en medio de una crisis de seguridad nacional. ¿Usted cree que son caprichos de la oposición pedir cuentas de la salida del presidente Sánchez Cerén para Cuba en medio de la situación de hace dos semanas?
—Ese es un excelente ejemplo de los problemas de este Gobierno: en una situación de crisis el Presidente sale del país; más allá si esta salida tenía una razón justificada o no por razones personales, pero el hecho que se vaya del país en un momento crítico obviamente genera mucha frustración en todos los niveles de la población.
¿Pero cómo responde el Gobierno a una crítica que es legítima? Se pregunta Cruz…
—El gobierno lo que hace es hablar de amenazas a la seguridad nacional y con ataques al partido de oposición, ARENA, que sin duda tiene su propia agenda, pero que en ese momento canaliza una preocupación de mucha gente que ve anómalo que el presidente abandone el país en medio de una crisis; algunos personeros del Gobierno, en lugar de aceptar que no fue la mejor medida, crean todavía más división y fundamentalmente tratan de distraer al público de la situación real. Ese es un ejemplo muy claro de los problemas de este Gobierno.
¿Usted cree que el combate a la inseguridad es una cuestión de recursos –como se ha dicho- o es una combinación de cosas?
—Es cierto que hay un problema de recursos, pero hasta ahora no tenemos evidencia de que el Gobierno está usando todos los fondos disponibles en realidad. No estamos ni seguros si se están utilizando adecuadamente los recursos, porque me parece que no hay ni la transparencia suficiente para poder saber cómo se usan los fondos.
¿Qué cambios podría esperarse desde las agencias de cooperación internacional?
—La cooperación puede jugar un papel importante, pero no puede hacer mucho mientras el Gobierno, las instituciones y los salvadoreños no asuman el problema de la seguridad como algo que les compete.
¿Con los ataques contra cuerpos de seguridad del Estado cree que las pandillas tienen clara la perspectiva de guerra?
—Yo no puedo hablar por las pandillas, pero a juzgar por lo que vemos, están reaccionando como estrategia de confrontación; por un lado puede haber una política de reacción contra el Gobierno, pero por otro, es una reacción que a todas luces intenta acorralar y someter al Gobierno a la necesidad de sentarse a negociar.
¿Imponer su voluntad como una nueva tregua que les permita maniobrar y reacomodarse?
—A este punto por la complejidad del problema es imposible pensar en una solución al problema de la inseguridad sin tomar en consideración el tema del diálogo con las pandillas, pero eso no debe ser la única ni más importante respuesta del gobierno. El país no necesita otra tregua como fue articulada hace cuatro años, porque lo que tenemos ahora es producto de esa tregua y lo mal que se planificó esa negociación.
¿El control territorial de las maras qué consecuencias tiene para el Estado de Derecho?
—Lo que sucede en el país es que tenemos mini-Estado dentro del Estado, por decirlo de una manera. Como bien lo sabe mucha gente, en zonas del país no manda el gobierno, ni la policía, ni el ejército; quien manda son las pandillas, y esto muestra la gravedad del asunto, eso nos está diciendo que hay un estado paralelo en esos lugares.