La inseguridad ciudadana es la principal limitante para el clima de inversión en el país, además de afectar los derechos fundamentales de las personas, indica el informe semestral de Coyuntura Legal e Institucional presentado ayer por la Fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social (Fusades).
El tanque de pensamiento se mostró preocupado por cómo la violencia afecta todas las esferas de la vida nacional.
“Cuando nos comparamos con Centroamérica, estamos viendo que el país es el que menos inversión extranjera está atrayendo”, dijo Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
El profesional señaló que han observado el índice de percepción más baja sobre el clima de inversión de los últimos 16 años, según datos de la encuesta de Dinámica Empresarial con la que Fusades monitorea trimestralmente el desempeño de la economía nacional.
“Eso dice también de por qué no está viniendo inversión extranjera a El Salvador; tenemos que trabajar por una parte en mejorar la seguridad ciudadana y, por otra parte, generar las condiciones de seguridad jurídica, fortalecer la competitividad, promover la inversión y tenemos que aprovechar los proyectos estratégicos que tiene el país, como Fomilenio II”, destacó Castro.
Entre las recomendaciones que establece Fusades en su informe está que se debe evitar la confrontación que existe entre el Gobierno y el principal partido de oposición y buscar acuerdos de país que permitan resolver los problemas que están afectando a la ciudadanía.
De acuerdo al documento, la situación de violencia que enfrenta el país restringe los derechos fundamentales de los salvadoreños como el derecho a la vida; a la libre circulación un ejemplo de ello fue el reciente paro del transporte público ante la amenaza de las pandillas; así como el derecho a la propiedad, ya que muchas personas tienen que abandonar sus viviendas por el acoso de la delincuencia.
“Cuando vemos los índices delincuenciales son graves”, destacó Castro, quien detalló que en comparación con el primer semestre del año pasado los homicidios han incrementado en más de 55%. “Eso nos parece una situación delicada y nos preocupan los homicidios contra miembros de la policía y de la Fuerza Armada”, acotó.
El informe presentado por Fusades también señala cómo la inseguridad afecta el quehacer de los medianos y pequeños empresarios.
Señala que aunque las denuncias por extorsiones han disminuido de 235, en junio de 2014, a 74 en el mismo mes de 2015, en mayo de este año la encuesta de Dinámica Empresarial de Fusades revela que el 23% de los microempresarios y el 22% de los pequeños empresarios fueron víctimas de dicho delito.
También refleja que el 40% de los afectados por las extorsiones dijeron no que no presentaron denuncia ante las autoridades, debido al temor por las represalias y a la desconfianza en las instituciones de seguridad.
La entidad apunta que la inseguridad reduce la calidad de vida de la población y conlleva a una percepción desfavorable del país.
Preocupación por la lenta elección de magistrados de CSJ
El informe de Fusades también menciona el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pone énfasis en que se debe agilizar el nombramiento de los funcionarios, pero sobre todo hacerlo de manera correcta.
“Sí nos preocupa el retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que llevamos un mes 12 días de este atraso”, dijo Castro.
Afirmó que a Fusades le interesa que los magistrados se elijan pronto, pero de “manera correcta”, tomando en cuenta lo que establece la misma Constitución que debe prevalecer la idoneidad de los candidatos.
“Lo que no queremos que vaya a existir es el reparto político-partidario (de los cargos), o que la elección se haga tomando en cuenta criterios estrictamente políticos, si no que se tomen en cuenta a los mejores juristas para que lleguen las mejores personas a la Corte Suprema de Justicia”, recomendó.
Castro comentó que percibe que la discusión está centrada más que todo en las afinidades partidas y políticas, por lo que insta a que la elección se “haga bien” y siguiendo los criterios que establece la Sala de lo Constitucional y la Constitución, para que la Asamblea no se exponga a una demanda de inconstitucionalidad.
“Ya ha sucedido, ahí tienen el caso del exmagistrado Salomón Padilla; también se han dado casos en la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal Supremo Electoral, el Concejo Nacional de la Judicatura, porque no se han respetado los criterios Constitucionales para la elección”, recordó Castro.
Lo que sí le parece destacable al tanque de pensamiento es el proceso de entrevistas que la Asamblea Legislativa le realizó a los candidatos a magistrados. Para Castro, representa un avance, tomando en cuenta que fueron mejor elaboradas que en procesos anteriores.
Asimismo, Castro resaltó como otro aspecto “positivo” en el nombramiento de funcionarios que “gracias a la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional, las entrevistas que le hicieron a los candidatos a integrar el CNJ (Concejo Nacional de la Judicatura) fueron públicas”.
Lo negativo: Ataques a la Sala de lo Constitucional
Para Fusades fue preocupante que en el primer semestre de 2015 se dieran ataques a la Sala de lo Constitucional por parte del Gobierno, debido a la inconformidad ante sus resoluciones. Una de ellas fue la que impidió que se emitieran $900 millones en préstamos, de los cuales $100 se utilizarían para programas de seguridad; la reacción del Ejecutivo fue culpar a la Sala de las repercusiones que el país pudiera enfrentar en materia de seguridad.
La situación fue similar ante la resolución de la Sala que ordenó el recuento de votos para el departamento de San Salvador y que impidió la toma de posesión de los 24 legisladores de dicho departamento.
“Críticas muy subidas de tono que son verdaderos ataques contra la independencia judicial, la campaña que siguió el Gobierno incluso queriéndolos responsabilizar por la inseguridad del país, nos pareció muy preocupante”, expresó Castro.
De acuerdo al especialista, también les inquietó que saliera de nuevo la iniciativa de tener una Ley de Procedimientos Constitucionales. “Una buena Ley de Procedimientos Constitucionales que venga a fortalecer el control de constitucionalidad y a modernizar la justicia constitucional es necesaria, pero el problema es que lo que estaban mencionando era una Ley que viniera a amarrar a la Sala de lo Constitucional y que las decisiones se tomaran de forma unánime”, explicó Castro, quien acotó que sería inconstitucional y representaría un “grave retroceso”.
La mora judicial es otra de las preocupaciones de Fusades, ya que en el primer semestre de 2015 hay 1,154 casos acumulados en el departamento de investigación judicial, indica el informe.