Un grupo de 29 exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) ha demandado al Presidente de la República ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por haber sido despedidos sin que se les haya seguido un proceso en el que pudieran defenderse.
La Sala ha admitido la demanda y ordenado abrir un proceso formal.
El caso más reciente es el de una empleada que fungía como secretaria del Departamento de Contrainteligencia, quien fue despedida el 1 de junio de 2014, es decir, el día que asumió el actual presidente Salvador Sánchez Cerén, aunque la decisión la tomó el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
Es decir, los despidos se ordenaron en la transición entre los gobiernos de Funes y de Sánchez Cerén.
La jurisprudencia de la Sala determina que, en caso de fallar a favor de los despedidos, el funcionario que ordena y el que avala los despidos injustos u otras arbitrariedades, como traslados o acoso laboral, deberá responder penalmente o pagar de su bolsillo por el tiempo que los afectados dejaron de percibir salarios o por los daños que les causaron.
La Sala admitió la demanda planteada por la exempleada “contra la decisión del Presidente del Órgano Ejecutivo, por presuntamente haberle lesionado sus derechos fundamentales de audiencia, defensa, estabilidad laboral y debido proceso, al haberla despedido sin antes haberle seguido un procedimiento donde tuviera la oportunidad de defenderse”, dice la resolución.
Los magistrados decidieron sumar a esa demanda otros 28 procesos de amparo de exfuncionarios del OIE que también fueron cesados bajo las mismas circunstancias.
Piden informe al Ejecutivo
En el fallo, la Sala le indicó al presidente Sánchez Cerén que tenía 24 horas, a partir de ser informado de la decisión de admitir las demandas, para responder jurídicamente a esa instancia por los casos de despedidos.
“Informe dentro de veinticuatro horas el Presidente del Órgano Ejecutivo, quien deberá expresar si es cierta o no la actuación que se le atribuye”, dice en el documento con fecha 20 de julio de este año.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia dijeron ayer que no habían recibido aún la respuesta formalmente.
La exsecretaria del Departamento de Contrainteligencia argumenta en su demanda que las autoridades de la OIE “nunca elaboraron un contrato de trabajo por escrito y que durante veinte años su salario fue entregado en efectivo, por lo tanto desconoce el régimen laboral que la vinculaba con el OIE”.
Eso le impidió presentar algún recurso para impugnar su despido ante el Organismo de Inteligencia, porque no tiene un documento escrito que haga constar su contratación, se explica en el documento.
La demandante no comprende por qué la despidieron si el cargo que desempeñaba no era de los que se consideran “de confianza”.
De acuerdo con la petición de amparo, la demandante explica a la Sala que “sus labores para el OIE – como secretaria del Departamento de Contrainteligencia e Investigaciones – eran propias de la actividad regular y continua del referido organismo, por lo que considera que su cargo no era de aquellos que se consideran como de confianza”.
La exempleada expone a los magistrados que antes de cesarla debieron realizar “un procedimiento previo ante la autoridad competente en el que se justificaran y comprobaran las causas para destituirla de su cargo y en el que tuviera la oportunidad de controvertir aquellas y defenderse”.
Si bien los magistrados aclaran en su fallo que verificaron que el Director de Recursos Humanos del OIE “se limitó a cumplir directrices del titular de la institución”, indican que la responsabilidad recae en el Presidente del Órgano Ejecutivo y concluyen que el otro funcionario “es un mero ejecutor del acto contra el que se reclama…”.
La Sala también advierte que el estudio que hará del caso de la exsecretaria se enmarcará en la decisión que adoptó la gestión del entonces presidente Funes, porque ocurrió el último día de su mandato, es decir el 30 de mayo 2014.
“Se advierte que su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad de la decisión adoptada por el Presidente del Órgano Ejecutivo, el día 30-V-2014 de despedir a la demandante de su cargo como secretaria en el Departamento de Contrainteligencia e Investigaciones del OIE, quien laboraba por medio un contrato de trabajo verbal desde el año 1994, con labores – según ella – de carácter permanente para la referida institución”, explican los magistrados en el fallo.
Los otros despedidos
Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte detalla en la resolución judicial del pasado 20 de julio que va estudiar los casos de otros 28 despedidos del OIE el año pasado en similares circunstancias que el cese de la exsecretaria.
En el documento se explica que los exempleados han alegado que acudieron ante el Tribunal del Servicio Civil, tras ser cesados, pero que la entidad se negó a revisar sus casos.
Los demandantes expusieron a los magistrados que esa autoridad les manifestó lo siguiente: “… que se abstenían de recibir cualquier demanda por existir antecedentes por despidos anteriores de la misma institución y que habían sido declaradas ineptas e incompetentes…”, según dice en el fallo de la Sala.
La resolución también detalla que si bien existe diferencia entre las personas que promueven los procesos de amparo por ser despedidos del OIE, “se ha podido constatar que, en esencia, los referidos peticionarios dirigen su pretensión contra el Director del OIE, a quien atribuyen la decisión de destituirlos de sus cargos en el referido organismo a partir del año 2014, acto que, a criterio de los demandantes, constituye un despido de hecho injustificado”.
Reinstalan a diplomático
Por otro lado, la Sala de lo Constitucional también ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores el reinstalo del Embajador Adjunto de la representación de El Salvador en Ginebra, Suiza, Eugene Aroneanu Arene, quien fue removido de su cargo en julio pasado, bajo el argumento de “falta de confianza” en el desempeño de sus labores.
El demandante, que ingresó al servicio diplomático en mayo de 2010, argumentó ante la Sala que se transgredieron sus derechos de audiencia y defensa, ya que se violó “su estabilidad en el cargo”, porque el diplomático tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año.
Los magistrados dieron la orden de reinstalar al diplomático en su cargo, mientras concluyen el estudio de la demanda.