Con 74 votos de todas las fracciones legislativas, la Asamblea dio luz verde ayer a la Ley de Inclusión Financiera, que se espera reduzca los costos para los usuarios de transacciones electrónicas y mejore el acceso de personas de escasos recursos a los servicios financieros.
Este cuerpo normativo permitirá también que más población pueda abrir una cuenta de ahorro sin mayores requisitos, sobre todo beneficiando a quienes viven en zonas rurales del país.
En este momento solo hay una empresa telefónica que presta el servicio de transferencias financieras de manera electrónica, la cual tendrá 60 días para acoplarse a la nueva normativa, explicaron los legisladores.
Según el diputado de ARENA, Juan Valiente, de la manera en la que se han estado realizando las transferencias no era muy seguro para los usuarios.
“Tampoco hay garantía para el Estado en el caso que se usen las transacciones para lavado de dinero”, afirmó Valiente.
Entre las garantías que conlleva esta nueva ley, según el legislador, es que el dinero físico que el usuario ponga en la red va a estar depositado y respaldado por el Banco Central de Reserva.
“No va a ser posible que a los ciudadanos les digan de repente que su dinero se perdió, porque ahí va a estar respaldado en ese fondo de garantía”, indicó Valiente.
Además, la normativa regula que se podrán realizar únicamente cuatro transacciones mensuales por un monto no mayor a un salario mínimo.
La legislación permitirá que los bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito ya establecidos puedan formar parte del nuevo sistema de transacciones electrónicas.
De acuerdo al diputado del FMLN Calixto Mejía, la ley también le permite a las personas que se desempeñan en pequeños negocios integrarse al sistema financiero.
Tigo respalda normativa
Tigo, la única empresa en dar servicio de transacciones electrónicas, dio el visto bueno a la aprobación de la nueva legislación, la cual ya tenía más de un año de estar en discusión.
La empresa destaca que con la ley se generará un impacto positivo a la economía salvadoreña. “La Ley ayudará a los salvadoreños más necesitados, a los no bancarizados, a los que forman parte de la base de la pirámide social, que representan el 65 % de la población, que ahora podrán contar con servicios financieros móviles regulados”, indicó Tigo en un comunicado.