Al admitir el recurso de amparo a favor de 14 militares que protestaron para exigir la entrega de un bono de 600 dólares similar al que les dieron a los policías, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al ministro de Defensa y al juez militar de Instrucción que envíen un informe en el que justifiquen las detenciones de los oficiales de la Fuerza Armada.
La Sala de lo Constitucional señala en un comunicado que el demandante argumenta que “la privación de libertad que sufren los militares capturados es inconstitucional debido a que como fundamento la aplicación de una disposición legal, el artículo 82 ordinal segundo del Código de Justicia Militar, que regula el delito de sedición”.
Sin embargo, el demandante destaca que la referida normativa militar “desconoce los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, así como los derechos de libertad de expresión o de protesta, todo lo cual ha afectado el derecho de libertad física de los detenidos”.
Señala la Sala que el Ministro y el Juez Militar deberán de comunicarle a los magistrados constitucionalistas la situación jurídica de los detenidos con relación con su libertad personal y también el estado actual del proceso en contra de los detenidos.
También deberán de mantener informada a la Sala sobre cualquier decisión que se emita y que incida en el derecho a la libertad personal de los militares detenidos.
Los arrestos de los 14 militares, entre éstos un capitán, un teniente y un subteniente, ocurrieron el 24 de julio pasado, luego de protestar por no haber sido incluidos en el bono de 600 dólares que les entregaron a los policías.
A los tres oficiales del Ejército los acusan de ser los promotores de la protesta de los soldados.
El ministro de Defensa David Munguía Payés dijo en su oportunidad que los 14 oficiales y soldados serán acusados de sedición.
Agregó que de acuerdo con el Código de Justicia Militar en su artículo 88, ordinal 2 establece “que comete sedición los militares que en número de cuatro o más hagan declaraciones o peticiones colectivas en voz y cuerpo y con las armas en la mano, aunque no promuevan tumultos o en otras formas que no se ajusten a las normas establecidas por la Ley y reglamento militar”.
La Ley militar establece que por este delito se imponga una pena de cinco a 10 años de prisión para los jefes y de uno a tres años para los ejecutores.
Los catorce militares se encuentran detenidos en las instalaciones del Batallón de Seguridad Militar, donde funcionó la extinta Guardia Nacional.