Más de un centenar de supuestos pandilleros de la 18, acusados por la Fiscalía del delito de actos de terrorismo, fueron enviados ayer a prisión preventiva por el Juzgado Especializado de Instrucción B, de San Salvador.
Los imputados, según las investigaciones, estarían tras las amenazas que obligaron al gremio de transporte público a paralizar el servicio, la última semana de julio.
Además, les atribuye los asesinatos de siete empleados de diferentes rutas, a quienes les quitaron la vida por haberse negado a dejar de trabajar durante ese periodo.
Según el Ministerio Público, los 112 procesados -quienes pertenecen al ala Revolucionaria de la pandilla- se habrían encargado de atemorizar a los propietarios de las unidades y a sus empleados.
La próxima semana, otros 27 delincuentes que ya estaban en prisión cumpliendo diferentes condenas enfrentarán la audiencia de imposición de medidas.
Uno de los fiscales del caso informó que se ha logrado establecer que 13 pandilleros que ya estaban recluidos (10 en el penal de Quezaltepeque, dos en el de San Francisco Gotera y uno en el de Zacatecoluca) fueron quienes se organizaron y ordenaron a los delincuentes que están libres que amenazaran a los transportistas y sus empleados.
“Estas personas conforman una organización terrorista, pues consideramos que se establecen los parámetro del artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo”, dijo el delegado del Ministerio Público.
Las personas que son encontradas culpables de este delito pueden llegar a purgar entre ocho y 12 años de prisión.
Si los culpables son jefes de estos grupos delincuenciales, la pena oscila entre 10 y 15 años de cárcel.
El fiscal explicó que los imputados habrían cometido los agravantes de haber actuado en grupo, atentaron contra bienes de uso público; incidieron en decisiones gubernamentales y ejercieron violencia física y psicológica contra las víctimas.
La jueza Ana Lorena América Rodríguez dio seis meses de plazo al Ministerio Público para continuar con la investigación.
Defensa: “se ha hecho todo un atarrayazo”
Wilfredo Mejía, abogado de uno de los imputados, calificó como “una bofetada” la resolución de la jueza especializada, pues según él, existen varias acciones que son constitutivas de delito pero la Fiscalía no ha logrado individualizar la participación que tuvo cada uno de los hombres.
“La resolución ha sido demasiado ambigua, por cuanto se ha hecho todo un atarrayazo y han agarrado a diestra y siniestra; a todos (los procesados) se les detiene por un delito que no se puede probar”, señaló Mejía.
La jueza -a decir de los defensores- falló contra los detenidos por considerar que los testigos que ha presentado la Fiscalía son suficientes para inculpar a los sujetos.
El fiscal señaló que estos imputados son de la misma pandilla a la que pertenecen otros delincuentes vinculados a ataques contra policías y militares en instalaciones públicas como el Parlamento Centroamericano y en la terminal de buses del Sitramss.
“La pandilla es una organización que se ha mantenido en el tiempo y busca obtener medios para realizar actos que generan temor y miedo entre la población”, dijo el fiscal.