La necesidad de aprobar disposiciones legales que persigan la suplantación de identidad y otros delitos informáticos específicos, plantea el especialista chileno Felipe Torres.
El Salvador debate sobre los procedimientos con los que debe combatir los delitos informáticos, pero que esto no ponga en riesgo la libertad de expresión.
En julio pasado, la Asamblea Legislativa emitió un dictamen para votar un proyecto de ley al respecto en la sesión plenaria pero fue abortado luego que se dispararan algunas alertas de si con esa ley se podrían vulnerar derechos constitucionales como el acceso a la información pública, la libertad de expresión e incluso la libertad de prensa.
El proyecto fue devuelto a la comisión de legislación para que siga siendo estudiado.
El presidente de la comisión, el pecenista José Antonio Almendáriz, afirmó que luego de las vacaciones agostinas el tema sería retomado, pero aún no se hace.
El legislador también manifestó que tomarán en cuenta recomendaciones que se le han hecho al proyecto como estipular delitos la difamación en las redes sociales que provengan de cuentas anónimas, ya que cuando este tipo de ilícitos son cometidos por personas naturales plenamente identificadas ya está regulado específicamente en el Código Penal.
La semana pasada se abordó en la comisión de Economía un proyecto de ley similar al de delitos informáticos: la ley de firma electrónica o digital, la que según Torres vendría a ser complementaria.
Felipe Torres, un chileno experto en informática y presidente CEO de IT Consulting afincado en el país, explica que es necesario contar con disposiciones contra delitos informáticos específicos y puso de ejemplo solo el hecho de que miles de trabajadores utilizan los cajeros electrónicos para cobrar sus salarios y fácilmente son víctimas de robo de información y del dinero por parte de delincuentes digitales.
Torres, también miembro de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Casatic), ha participado en la discusión de la ley que se plantea en la Asamblea y le parece que es buena la iniciativa, pero considera que en el país hay delitos informáticos más graves como la suplantación de sitios web o en la banca electrónica que no hay manera de perseguirlos porque no hay normas para hacerlo (ver entrevista aparte).
En ese sentido, recordó que El Salvador está muy rezagado en la materia. “El Salvador es el único país en América Latina que no cuenta con firma digital, ley de facturación o de comercio electrónico. En toda Centroamérica, Sudamérica, Dominicana, cuentan desde hace varios años con esta ley, El Salvador está súper rezagado”, dice Torres, quien ha participado en las consultas que ha hecho la Asamblea para el caso de la firma electrónica.
Aduce que la necesidad de este tipo de normativas parte también del hecho de que con la internet ya no hay barreras geográficas, y porque, entre otros usos positivos que esta amplia red electrónica permite como el efectuar comercio, también se efectúan delitos.
Advierte que el hecho de que El Salvador carezca de este tipo de regulación lo puede volver un potencial escenario para que se cometan libremente delitos informáticos.
“El Salvador no cuenta con una ley específicamente contra delitos informáticos (y con ello) se está transformando como en un paraíso de delincuentes informáticos porque en todo el resto de países están normados todos los delitos”, advierte Torres.
Añade que puede haber gente que puede delinquir desde acá hacia afuera y no hay una ley que ampare.
En el contexto de la campaña electoral por cargos municipales y legislativos 2015, se clonó varias veces el sitio web elsalvador.com y se utilizó para difundir noticias falsas ridiculizando al sitio y a periodistas, mismas que fueron retomadas por cuentas de redes sociales afines al partido de gobierno.
La Prensa Gráfica también ha denunciando ante la Fiscalía la suplantación de su sitio electrónico en el que publicaron una entrevista con su director ejecutivo con declaraciones falsas, dijo ese medio.
Otros delitos que, insiste, se cometen en el país es la clonación de tarjetas electrónicas y que puede ser grave partiendo de la cantidad de gente que utiliza este plástico para cobrar su salario.
Lo bueno y lo inadecuado
Para Torres, hay una primera versión de la ley para delitos informáticos y se puede mejorar aunque aconseja que esto no tarde mucho.
Dentro de lo positivo apunta a manera de resumen, que con esta propuesta de ley se vendría a regular cosas negativas o delitos que se pudieran cometer en internet.
Entre lo que considera que no debe estar presente en esta normativa, si nos guiamos por normativas de otros países, es el tema de la pornografía infantil que, a su juicio, debería enfatizarse en la legislación penal. “Me pareció extraño verlo, pero sí es bueno que se regule, pues es un tema creciente. Aquí hay una alerta de que si está aquí es porque no está en otras leyes… debería haber un análisis de porqué lo están agregando acá”, recomienda Torres.
También considera que la injuria, por ejemplo, no puede estar en esta ley porque ese delito “va más allá de temas digitales”, ya que alguien puede cometerlo usando otras herramientas como panfletos de manera física o impresa.
También menciona algo importante y es que en el proyecto de ley de delitos informáticos se armonice con legislaciones de otros países porque de lo contrario ocurrirán casos similares al ocurrido en Francia en 2000, donde un juez ordenó a Yahoo Inc. impedir a los ciudadanos franceses el acceso desde www.yahoo.com a un sitio de subastas de objetos nazis.
Pero la compañía, a través de su vocera en Europa, dijo que tal decisión “plantea la cuestión repecho de que un país tenga o no el derecho de imponer sus leyes a compañías de otro país”. Pero los abogados de la compañía alegaron que tal orden judicial no puede cumplirse desde el punto de vista técnico.
Mientras que la Corte francesa consideró que era técnicamente posible para la filial Yahoo France bloquear al menos a un 90 % de los usuarios el acceso; no obstante, se aclaró que esta subsidiaria no exhibe ni anuncia material nazi de remate.
Torres parte de este ejemplo para explicar como la jurisdicción en el uso de la red se convierte en un “área gris” a la hora de perseguir al infractor digital y por eso la importancia de armonizar las leyes locales con las de otros países.
En el caso de El Salvador, sugiere que se considere en el proyecto de ley, dónde está la empresa, dónde están los servidores, dónde la gente que hace uso del servicio o infringe, y tratar de armonizarlas con leyes de afuera.
“Muchas cosas no son aplicables a las leyes que nos rigen, deben estar en concordancia con la de otros países, nosotros podemos crear una ley delitos informáticos para El Salvador pero estamos en una red que traspasa fronteras”, advierte.
Aquí también se suma otro aspecto a tomar en cuenta y es que según Torres, si se da el caso de que alguien cometa un delito en alguna red social, que puede ser Facebook, pero si en la investigación de ese supuesto ilícito esa empresa no quiere dar información como la dirección IP del usuario acusado, “con esta ley no lo puedo obligar porque ellos se basan en la ley americana” y impide encontrar de manera efectiva a la persona acusada.
La razón de una situación como esa, dice, es que Facebook no tiene operaciones en El Salvador, su jurisdicción no es acá, así los obligue en la ley.