No se justifica que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en el gobierno de Mauricio Funes, haya terminado pagando $108.5 millones a la empresa Astaldi, pese a que dejó abandonado el proyecto de El Chaparral.
El avance real de la obra no equivalía a esos $108.5 millones, no hay documentos que respalden cómo se calculó ese pago ni por qué se le canceló casi el equivalente a como si hubiera alrededor de un 50 por ciento de avance, cuando era el 29.28 %.
Esas son dos de las principales conclusiones a las que llegaron auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR), según el borrador o informe preliminar de una auditoría por la malograda obra y el cuestionado multimillonario pago a Astaldi, que tendrán que pagarlo todos los salvadoreños.
En el documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy, los contralores públicos cuestionan el “arreglo directo” al que llegó la CEL –con la venia del gobierno de Funes– con Astaldi y el hecho de que, siendo un contrato llave en mano (con obligación de entregar la obra totalmente terminada), no se le cobró la garantía sobre el anticipo a Astaldi y por qué la empresa usó dinero del anticipo de El Chaparral para otros proyectos de la empresa.
El proyecto de El Chaparral, en Carolina, San Miguel, estaba valorado en $219 millones. En el gobierno de Antonio Saca (2004-2009) la obra se le adjudicó a la empresa italiana Astaldi, que dejó los trabajos a medias en 2010 alegando “imprevistos imprevisibles” como el desplazamiento del terreno.
Pese a ello, el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) llegó a un “arreglo directo” con Astaldi y le terminó de pagar $108.5 millones –casi la mitad del costo del proyecto a pesar de que solo había construido la tercera parte, según se denunció– argumentando que era mejor hacerlo que pelear en un tribunal internacional con Astaldi.
Pero los auditores de la Corte de Cuentas no se tragan los argumentos: “No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, sentenciaron los auditores en su informe del examen especial a la ejecución del contrato entre la CEL y la empresa italiana Astaldi, a cuyo borrador tuvo acceso El Diario de Hoy.
En un campo pagado en los periódicos, en 2012, CEL no dijo que el avance era del 49.30 %, sino de 38 %.
El cuestionamiento de la Corte de Cuentas coincide con lo que establece la Ley LACAP en su artículo 95 en donde claramente establece que en caso de “arreglo directo” se debe pagar solamente la obra ejecutada, no más. Pero aquí ocurrió todo lo contrario.
Aunque la Corte no recurre a ese apartado de la LACAP ni cuestiona el origen de los $28.7 millones adicionales que al final le entregó el gobierno de Funes a Astaldi en concepto de “costo-beneficio”, sí reprocha el monto global acordado en el arreglo directo en 2012.
Sin respaldo términos de pago
En el examen emitido el 16 de diciembre de 2014, los técnicos de la Corte cuestionan los términos de pago acordados en el arreglo entre CEL y Astaldi en 2012.
“Determinamos que la Junta Directiva de la CEL, para la valoración de la Obra Civil, Bienes y Servicios del Proyecto Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por un monto de $85.000.000.00, no contó con documentación que respaldara la determinación de dicho monto, el cual sirvió de base para la negociación del arreglo directo y liquidación del contrato No. CEL-4143 con la empresa Astaldi”, afirmaron los auditores en su informe.
Los auditores se basan en que durante su investigación “no se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato” con Astaldi.
También dicen que previo al arreglo directo, la CEL había pagado a Astaldi el 9 % del contrato por el “único evento finalizado”, es decir, la terminación del desvío y control del Río Torola, que equivalió a $19 millones 727 mil 793. Pero que en el arreglo directo se partió del valor base de $85 millones, de los cuales ya le habían cancelado $79.8 millones.
También le señala que no tomó en cuenta un informe de valúo de la supervisión externa a cargo de las firmas Euroestudios e Ingetec, que proponían tres opciones de cálculo de los costos directos (es la suma de obras, facilidades, materia prima, ingeniería de diseño) que no variaba el monto de $63 millones 255 mil 582. A esto se añadía el monto del AIU (costo de administración, imprevistos y utilidades), que al final sugería un monto total de entre $79.7 a $84.4 millones.
Pero dichos montos “no fueron considerados en el trato directo, y la Junta Directiva aprobó un porcentaje de AIU mayor al 45 %, que fue el dato más alto propuesto por la Supervisión Externa”, dice la auditoría.
Además, indica que al hacer este cálculo y pago para liquidar el contrato, CEL no aplicó las políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público impuestas en 2012 por el Ejecutivo y no hizo un uso eficiente de los fondos institucionales.
Pese esto, el 11 de julio de 2012, la CEL le liquidó en total a la Astaldi los $108.5 millones por una obra sin terminar. El arreglo lo firmaron el entonces titular de la CEL, José Leopoldo Samour, y Mario Pieragostini, presidente y apoderado legal de Astaldi.
Se pagó de más
El informe de la CCR también atribuye a CEL haber pactado dicho arreglo, pese a que un informe de los supervisores de la obra y de las valoraciones del coordinador del proyecto por parte de la CEL refutaran que las fallas aducidas eran conocidas de antemano por Astaldi, ya que estaban contempladas en los documentos de licitación, específicamente en el Diseño Básico.
Los auditores dejan en evidencia la contradicción de la autónoma cuando le recuerdan que ella misma revisó y avaló el avance del 29.28 % de la obra, y que ese porcentaje se mantenía al momento de firmar el arreglo directo con la firma italiana, pero en cambio le reconoció el 38 %.
La Astaldi paró los trabajos en junio de 2010 de forma unilateral y alegó “imprevistos imprevisibles”, a un año y medio de haber iniciado los trabajos a los que se comprometió en el contrato que firmó el 26 de septiembre de 2008 por un monto de $219.1 millones en concepto de obra civil, bienes y servicios, y uno por $702 mil 809 en concepto de repuestos recomendados. Así se comprometía a echar a andar en un plazo de 1,500 días la presa El Chaparral que prometía generar 65 megavatios.
Al suspender los trabajos, Astaldi ya había hecho dos reclamos de más paga y ampliación del plazo argumentando que se enfrentaba a condiciones totalmente diferentes a la situación previsible en el Diseño Básico, y eso estaba fuera de su alcance.
Pero tanto los supervisores externos como el coordinador del proyecto de la CEL calificaron improcedente los reclamos de Astaldi y le refutaron que esas imprevistos alegados ya eran de su conocimiento.
A raíz de esa respuesta, Astaldi recurrió directamente a la presidencia de CEL para conocer si avalaba lo resuelto por los supervisores. Pero según los auditores de la CCR, no encontraron evidencia documental sobre qué respondió a la constructora.
Lo que sí hizo la Presidencia y Junta Directiva, según la auditoría, fue que pese a ser comunicados sobre la falta de sustento técnico del reclamo de la Astaldi, nunca determinó responsabilidades por el incumplimiento contractual, y optó por un arreglo directo para liquidar el contrato.
Antes del arreglo directo, contrató a las firmas de abogados Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, quienes incluso les recomendaron ir a un arbitraje y que solo se cancelara “por obras realmente ejecutadas”, y así mantenía las posibilidades de resistir a incrementos de costos, que se dirimirían en procedimiento arbitral, según quedó plasmado en el acta de sesiones número 3507 del 19 de marzo de 2012.
El informe dice que, pese a estas recomendaciones de sus asesores y las advertencias de que Astaldi nunca demostró el fundamento de sus reclamos, la CEL decidió un arreglo directo, el cual se selló en dos días.
Este examen deja esta y otras irregularidades al descubierto en la ejecución de este contrato, entre ellas, pagos extemporáneos, desvío de fondos del proyecto El Chaparral a otros proyectos de la constructora dentro y fuera del país, falta de vigilancia de la CEL en el uso de los fondos y la no exigencia del cumplimiento del contrato.
Debido a estos hallazgos, el actual presidente de la Corte, Jhovel Valiente, dijo a inicio de año que el caso había pasado a juicio de cuentas y que estaban abiertos a colaborar con la Fiscalía General de la República, que también está investigando todo este proceso de ejecución y liquidación del contrato entre la CEL y la Astaldi.
La Fiscalía ya terminó la etapa de investigación del caso y está pendiente de rendir su informe y de anunciar las medidas a tomar. Mientras, el gobierno busca nuevo contratista y $71 millones más para concluir la obra.