El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo que desclasificar todos los contratos que firmó con 24 empresas que realizaron el procesamiento y divulgación de los resultados preliminares de las pasadas elecciones de marzo.
Esto, ante la orden que le giró el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el pasado 12 de agosto, para que en un plazo de tres días “desclasificara, retirara del Índice de Reserva y entregara la información solicitada por una ciudadana, sobre los contratos que se suscribieran para el procesamiento y divulgación de los resultados preliminares de las votaciones”.
El magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó ayer que han desclasificado y entregado la información. Esto ocurre meses después y ante la solicitud de una periodista de La Prensa Gráfica para que le dieran los datos relacionados a los contratos que el TSE firmó con al menos 35 empresas.
Aunque según el funcionario, de la información solicitada el TSE sólo le entregó datos de 15 contratos, porque 20 de ellos están bajo la lupa de la Fiscalía.
Cardoza también informó que están finiquitando todos los contratos y que de los 35 que firmaron para la transmisión y divulgación de resultados, al menos en tres el TSE podría acudir a instancias judiciales si se determina que incumplieron lo convenido.
También el magistrado Fernando Argüello Téllez explicó que ha sido a raíz de la resolución del IAIP que el ente electoral decidió otorgar la información requerida y porque, además, ya no tenían impedimento de la Fiscalía para ello.
De hecho, Cardoza comentó que los servidores que utilizaron en la Feria Internacional para el conteo de los votos aún no habían sido removidos del lugar para no entorpecer las pesquisas, y que los equipos fueron retirados hasta en junio pasado que la Fiscalía se los autorizó.
La investigación surgió tras la denuncia que hizo, al final de varias versiones, el presidente del TSE, Julio Olivo, de que los inconvenientes en la transmisión de los resultados el día de las elecciones se debieron a un “sabotaje”. Sin embargo, los problemas para la transmisión y divulgación de los resultados se dieron en todo el proceso.
Al inicio el Tribunal le echó la culpa a la empresa que contrató para transmitir los primeros resultados el 1 de marzo. Olivo también dijo que el software usado no era compatible con el sistema del TSE.