Tras cinco años paralizado el proyecto El Chaparral, luego que CEL y la Astaldi liquidaron el contrato a cambio de $108.5 millones, el gobierno ha anunciado que retomará su construcción pero que eso implicará tres cosas: requerirán un tercer diseño, desplazarán 670 metros la margen derecha de la construcción y necesitarán de $71 millones adicionales.
Esto significa que el costo de la obra pasará de $219 a $290 millones.
El presidente de la CEL, David López Villafuerte, y el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, lo anunciaron. Lorenzana dijo que ya han realizado un encuentro con ingenieros extranjeros y nacionales, que éstos hicieron evaluaciones y concluyeron en que el proyecto es viable técnicamente pero con algunas modificaciones.
“Esas modificaciones dan la seguridad de que los riesgos geofísicos que habían, del desplazamiento de un margen, creo que el lateral derecho. Ese no va a ser amenaza en el futuro proyecto, porque hay un desplazamiento del dique que se va a construir”, explicó Lorenzana a TCS.
El funcionario confirmó lo dicho por el titular de CEL de que se requerirán fondos adicionales por las modificaciones y defendió los $108.5 millones que le terminó de pagar el gobierno de Mauricio Funes a la Astaldi, pese a que la obra estaba paralizada desde 2010 y presentaba un avance de sólo el 29.28 %.
Es decir, que los $108.5 millones equivalen casi al 50 % de la obra, pero se los pagaron pese a que el avance era del 29.28 de avance, según el informe preliminar de auditoría.
Preguntado si se había pagado más de lo que se debía por una obra en ese estado, Lorenzana contestó que eso lo está investigando el Fiscal General, Luis Martínez.
La Fiscalía inició el año pasado una investigación sobre el arreglo directo que hizo la CEL y Astaldi y luego de que la Corte de Cuentas de la República (CCR) hiciera un examen especial a la terminación del contrato entre ambas partes y al contrato de supervisión del proyecto.
De la Fiscalía aún no hay noticias pero sí de la Corte en cuyo informe preliminar hace varios señalamientos, entre ellos el sobreestimado pago a la Astaldi sin que la CEL respaldara con documentos el cálculo del monto cancelado y sin que ese monto equivaliera al avance real de la obra y a la falta de exigencia a Astaldi a que cumpliera el contrato, dado que esta incumplía términos del mismo.
Se defienden
En el informe de auditoría exfuncionarios y funcionarios de la CEL hicieron sus exposiciones a fin de desvanecer los hallazgos, entre ellos que sí vigilaron el proceso de construcción de la presa El Chaparral de manera oportuna, y prueba de ello es que sostuvieron con la constructora 18 reuniones para discutir en detalle la programación de actividades y su ponderación a fin de “poder establecer con mayor certeza el avance físico del proyecto”.
También aseguran que hicieron seguimiento del proyecto con visitas de campo y de manera oportuna demandaron a la empresa que cumpliera el contrato, por ejemplo, que entregara el proyecto de diseño, que por ley estaba obligado y nunca hizo.
El coordinador del proyecto por parte de CEL responsabiliza a la AStaldi del atraso de la obra en su demora en entregar el diseño de las obras en el cauce y que en el momento en que la constructora paró los trabajos por la “situación de la margen derecha” fue resuelta improcedente.
“Se reitera la presentación inmediata de un planteamiento completo del diseño detallado de la presa referenciado a un programa de las actividades de investigación, diseño y entrega de documentos y construcción, que cumpla con los términos del contrato”, dice coordinador de proyecto que le exigieron a Astaldi.
En la auditoría se dice que Astaldi se negó a presentar el diseño mientras no se le resolvieran sus reclamos; pero ante los señalamientos de los auditores de que la ley LACAP y los mismos términos del contrato le obligaban a presentarlo antes de comenzar la construcción, el coordinador del proyecto de CEL refuta en que en el contrato “llave en mano” , los diseños de las obras se van realizando a medida avanza el proyecto.
Ante este impasse y cuando Astaldi esperaba que la Junta directiva a la CEL les respondiera si avalarían la improcedencia a sus reclamos dictada por el coordinador del proyecto y los supervisores, la CEL contrata un bufete de abogados para que le asesoren en la solución de este tipo de controversias y pide ayuda a INE para que le apoye contratando a una firma experta en aspectos geotécnicos, para el caso contratan a Novotec.
Pero pese a lo expuesto, los auditores de la Corte le dicen a la Junta Directiva de lal CEL que no determinaron responsabilidades ante los atrasos injustificados.