El gasto sin justificación de $7.5 millones que realizó la compañía Astaldi S.p.A, como parte del anticipo que recibió de la CEL para la construcción de la presa El Chaparral; y el traslado de $2 millones a otros proyectos de la empresa italiana, ponen en relieve la escasa transparencia que existe en los acuerdos entre empresas transnacionales y el Gobierno, expresó ayer Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos.
Un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República señala que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien contrató a la Astaldi para la construcción de la presa, no verificó esos movimientos de fondos realizados por su contratante. Además, los auditores cuestionan que la autónoma no hizo efectiva la garantía para este caso.
A juicio de Burgos, los acuerdos realizados entre la empresa italiana y el Estado han sido “poco transparentes”, incluyendo el pago de $108 millones de CEL a la Astaldi para dar por terminado el contrato, un arreglo acordado en el gobierno de Mauricio Funes.
“A mí siempre me ha parecido que esta clase de arreglos no solo son muy poco transparentes, sino que aunque se ven como una forma de facilitar la gestión de los negocios entre el Estado y grandes empresas privadas, especialmente transnacionales, siempre ponen en duda la efectividad del Estado de derecho en un país”, señaló el abogado.
Asimismo, Burgos es de la idea que este tipo de transferencias y uso de fondos de los anticipos recibidos por las empresas contratistas deberían ser investigados.
“Yo creo que este caso amerita una investigación más a fondo, que permita determinar responsabilidades de quiénes, obviamente, las tienen”, acotó.
Por otra parte, Burgos considera que para evitar arreglos entre empresas internacionales y el Estado que lesionen los intereses financieros del Estado, se requiere que este tipo de conflictos sean sometidos a los tribunales nacionales, antes que a un tribunal en el extranjero, como ha sucedido en otros casos.
“La solución de conflictos debería estar sometida a la jurisdicción local, de manera que se evite esta clase de arreglos que sirve para evitar, supuestamente, un resultado contraproducente para los intereses nacionales ante un tribunal internacional de arbitraje, pero el resultado al final termina siendo peor que la medicina; se tienen arreglos directos en los cuales se han gastado sumas cuantiosas”, opinó el experto.
En ese sentido, aseguró que se necesita revisar “la potestad de las instituciones, incluyendo las autónomas, que en su misma legislación se les permite hacer esta clase de contrataciones”, que al final terminan con un arreglo que favorece al contratista y afecta al Estado.
No obstante, la CEL se ha desvinculado de su obligación de verificar los gastos realizados por la empresa con el dinero que le dio como adelanto de la obra. El coordinador del proyecto El Chaparral asignado por la CEL señaló en una carta a los auditores de la Corte de Cuentas que el contrato con Astaldi S.p.A “no faculta a la CEL para la verificación de los documentos contables de gastos realizados por el contratista del proyecto”, según el informe preliminar.
Corte se tardó
Otro de los aspectos que de acuerdo con Burgos no han contribuido a la transparencia en el contrato con la empresa italiana es el atraso de la Corte de Cuentas para presentar informes preliminares sobre dichas contrataciones.
“Los informes de auditoría de la Corte de Cuentas siguen siendo informes a posteriori, es decir el examen de las obras y procesos es un examen que se da cuando muchas veces el daño está consumado y el uso arbitrario de fondos públicos es una realidad”, criticó.
Burgos también consideró que se requiere una contraloría con capacidad para prevenir que se den este tipo de “casos de corrupción o de abuso de poder en la gestión de fondos públicos”.
“Mientras tengamos una institución contralora que deja mucho que desear en materia de objetividad, que sigue estando partidarizada, que parece que solo persigue a los funcionarios en el uso de fondos públicos cuando son de los partidos de oposición y no el propio, vamos a seguir teniendo informes de auditoría que son secretos”, agregó.
Burgos aseguró que en la CEL hay un “historial” en el que se ha responsabilizado de irregularidades a jefaturas de nivel medio y no a los titulares de la autónoma, quienes “son los que ahora tienen que dar cuenta sobre esos casos”.