En un hecho sin precedentes en aras de la transparencia en El Salvador, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reveló las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes y el presidente Salvador Sánchez Cerén, en respuesta a una solicitud de El Diario de Hoy.
La Sección de Probidad de la CSJ entregó un documento con los principales datos contenidos en los informes del patrimonio tanto el que tenían cuando empezaron la presidencia como el que poseían cuando cesaron en el cargo.
En la respuesta a la petición de información, la Corte aclaró que sólo se omiten los datos personales de los exfuncionarios.
La información, con los detalles en cada rubro, fue brindada por la oficina de Acceso a la Información de la Corte Suprema de Justicia.
Nunca antes se habían entregado a ciudadanos las declaraciones patrimoniales de expresidentes y presidentes de la República.
En la resolución donde se notifica sobre la aprobación de dicha información, se toma como base la jurisprudencia constitucional así como la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que “los funcionarios públicos se encuentran sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
“Sus actuaciones salen innegablemente del dominio privado para insertarse en el dominio público”, reza el argumento de la CIDH.
Asimismo, toman en consideración el acuerdo de Corte Plena de la sesión del 28 de julio de 2015 en la que los magistrados ordenan a la sección de Probidad que entreguen las declaraciones patrimoniales de funcionarios, aunque éstos hayan cesado de sus cargos.
El precedente fue marcado entonces por el magistrado Rodolfo González, cuya declaración patrimonial fue la primera en divulgarse.
El mismo presidente de la Corte y presidente también de la Sala de lo Constitucional, Oscar Armando Pineda, reveló durante la sesión de magistrados que fue el mismo González quien estuvo abierto a que se entregara su declaración patrimonial.
Otro razonamiento que según Pineda dio González fue “lo menos que podemos hacer es apoyar y que se haga público unas declaraciones de este tipo, pues que lo que demuestran es transparencia y buena voluntad sobre todo la buena intención que tiene cada uno de los funcionarios”.
En conjunto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron en ese sentido, al decir que “de lo que se trata en el presente caso es de afirmar el alcance del antecedente, ahora que el IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) ha determinado que el derecho de acceso a la información pública incluye a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos”.
Y que la resolución del IAIP “no aplica solamente el caso del magistrado González, sino que sienta las bases para todas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos”.