La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un proceso abierto en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por negar el acceso a los datos de las auditorías o exámenes que se realizan a las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes de la República.
La apelación a dicha negativa fue interpuesta por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador (Alac), que también es parte de Transparencia Internacional. La entidad asegura que la información que están solicitando es de interés público.
Estas evaluaciones que solicita la entidad son a las declaraciones del patrimonio inicial y final de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.
Roberto Burgos, coordinador de la Alac, explicó que acuerparon la solicitud de un grupo de ciudadanos que quiere saber si dicha oficina ha realizado su labor de contraloría.
“Los ciudadanos querían saber de qué manera la sección de Probidad está desarrollando su trabajo de contraloría y vigilancia sobre la existencia o no, porque se presumen inocentes, de enriquecimiento ilícito de los exmandatarios”, explicó.
A solicitud de El Diario de Hoy y otras personas particulares, la CSJ permitió la semana pasada entregar las declaraciones patrimoniales de estos tres exmandatarios y el informe inicial del actual presidente Salvador Sánchez Cerén.
Sin embargo, dicha información no contiene una serie de detalles que permitan determinar si los exfuncionarios han dado cuenta de todos sus bienes, ingresos, deudas y egresos, así como los de sus parientes más cercanos.
Es por ello que la Funde-Alac ha solicitado los exámenes, análisis o dictámenes realizados a estas declaraciones de patrimonio que tenían antes de iniciar sus respectivas gestiones presidenciales como el que poseían al salir del cargo.
Burgos asegura que han tenido acceso a este tipo de evaluaciones de otros exfuncionarios y ahí han determinado que no se ha realizado una verdadera labor de contraloría y que, para considerar que el proceso se había desarrollado a cabalidad, únicamente era necesario contar con la presentación del informe patrimonial en cuestión.
“Ahora vamos a saber si se ha cumplido o no y qué tipo (de evaluación se ha hecho) porque aquí tuvimos acceso a declaraciones patrimoniales de otros funcionarios y nos dimos cuenta que el criterio que ha prevalecido en la última década, por ejemplo, es que un funcionario ha cumplido con su función al presentar la declaración patrimonial. Pero tenemos la presunción que nunca se ha hecho un examen a eso y mucho menos se han determinado responsabilidades”, afirmó.
La sección de Probidad justificó la negativa para dar acceso a esos exámenes que brindar esta información implicaría, a la vez, divulgar el contenido de las declaraciones de patrimonio, por lo que aplica la reserva establecida en el artículo 240, inciso 3, de la Constitución de la República.
Agregaron que esta información solo servirá a efecto de la investigación de “un hecho punible”.
“No sabemos si estas declaraciones patrimoniales y sus exámenes, que es lo que solicitamos, vayan a dar o no, inicio a un proceso penal o administrativo, si hay responsabilidades que determinar, ojalá que sea así. Nosotros lo veríamos como procesos separados y esperamos que eso no vaya a ser utilizado como una excusa para restringirnos el acceso de la información”, dijo.
Los argumentos
La Alac apeló esta negativa de la sección de Probidad ante el IAIP planteando cuatro argumentos.
En el primero establecen que los exámenes o auditorías a los informes patrimoniales de funcionarios no forman parte del índice de información reservada del Órgano Judicial detallada en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El segundo argumento es que atenta contra el principio de máxima publicidad que la ley reconoce y desarrolla, por tratarse de información relevante para analizar el funcionamiento de los órganos del control estatal, así como la existencia o inexistencia de enriquecimiento ilícito.
En el tercero señalan que la negativa no es más que una interpretación restrictiva de los derechos constitucionales de los apelantes.
“No podemos aceptar que un funcionario público limite el goce de nuestros derechos fundamentales de petición y acceso a datos oficiales, en mayor medida a la que lo hace la misma Ley de Acceso a la lnformación, cuando en diversas disposiciones regula las limitaciones del “derecho a saber”, basándose en la ponderación del bien público sobre el bien privado”, fundamenta Funde-Alac.
Y finalmente, el solicitante recuerda fallos anteriores del IAIP en el que han afirmado que no se puede haber negativas o restricciones genéricas, sino referidas a casos concretos y necesidades puntuales.
Burgos espera que durante la audiencia oral, de la cual no se ha fijado fecha, la sección de Probidad cambie su postura y entregue la información solicitada.
Su esperanza se basa en que recientemente la misma CSJ avaló en Corte Plena otorgar la información del patrimonio del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, cuyo caso sirvió de fundamento para entregar los informes patrimoniales de los expresidentes Flores, Saca y Funes.
Según la información proporcionada por la CSJ, el expresidente Saca fue el que más incrementó su patrimonio, en 259.8%. Cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004, tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por 4 millones 16 mil 249 dólares. Pero cuando salió de la Presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.
En los casos de los exmandatarios Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos fueron menores. Según ese informe, Flores ingresó a la Presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.
En tanto que el expresidente Funes, según el informe publicado, reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final fue de 669 mil 794 dólares.