“Es una cosa que no deberían hacer, porque no avisan. Al menos deberían avisarnos un día antes”, resintió ayer doña Elena Martínez, de 70 años, al llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) y enterarse que habían suspendido las labores en todo el país.
Ella tuvo que salir a las 6:00 de la mañana desde Santa Ana para realizar un trámite al que había sido citada, aunque reconoció que “también ellos (sindicalistas) están haciendo un esfuerzo para sacar adelante la institución”. Dijo que regresaría hoy para continuar con el proceso.
El cierre fue una medida de hecho tomada por el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la República (SITRAPGR) para exigir al Gobierno que entregue a la institución un refuerzo presupuestario de un millón 500 mil dólares para lo que resta del año.
Los sindicalistas aseguraron que la medida fue tomada en las 17 Procuradurías auxiliares de todo el país, pero aclararon que hoy volverían a atender al público en los horarios habituales.
El refuerzo que solicitan es para cubrir los costos de alquileres de locales donde funcionan las procuradurías auxiliares , teléfono, energía eléctrica, agua potable, combustible y papelería, entre otros gastos para prestar el servicio a los usuarios.
Además, pidieron a la Asamblea Legislativa la aprobación de $30 millones de dólares para el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016.
Los sindicalistas lamentaron que siendo un ente que vela por la población, solo les asignan dos millones de dólares para bienes y servicios durante el año. Criticaron que “otras instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia tienen el triple del presupuesto cada año.
“Hacemos un llamado al presidente de la República, al ministro de Hacienda, a los diputados, que necesitamos dar un servicio de calidad”, dijo Hugo Manzanares, secretario general de SITRAPGR.