El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha recibido 172 apelaciones de ciudadanos a los que no se les ha dado acceso a datos públicos por parte de diferentes instituciones estatales o autónomas.
Según autoridades del Instituto, esta cantidad es la registrada hasta el 21 de julio pasado. Pero aseguran que no todas las apelaciones se dieron por la aplicación de la reserva o confidencialidad de la información, sino por otras variables como datos incompletos o datos entregados en una plataforma diferente a la solicitada.
La comisionado Herminia Funes explicó que las instituciones que constantemente son demandas por las reservas de la información son el Ministerio de Defensa, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y la Corte de Cuentas.
Y según el comisionado Mauricio Vásquez, solo el 50 % de los casos que llegan al IAIP es por negar información. Asegura que de ese porcentaje, en el 95 % de los casos el Instituto ha resuelto favorablemente y ha ordenado que se entregue la información pública.
Pero de acuerdo a las estadísticas, las apelaciones ante el IAIP han ido en aumento. En 2013, que fue el año cuando finalmente el Instituto empezó a funcionar tras la elección de los comisionados, recibieron 74 apelaciones y en 2004 la cantidad ascendió a 206.
De hecho, Vásquez dice que se espera que aumenten en un 250 % las peticiones al finalizar 2015.
Vásquez explica que hay casos que llegan a esa instancia porque a los ciudadanos les han entregado información incompleta o porque los oficiales de las instituciones han utilizado mal la herramienta.
Pero para el director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, poner reserva a determinados datos no es la única manera de impedir el acceso a ellos.
El abogado asegura que cuando se le dice al ciudadano que el caso está en estudio o cuando se entrega información incompleta son otras maneras recurrentes para vedar este derecho constitucional.
Castro recalca que ven con mayor grado de preocupación cuando se trata de información “políticamente sensible”, porque considera que ahí se hace abuso de las declaratorias de reserva.
“Cuando se nos dice que la mayor cantidad de información se entrega también vemos que dentro de esa información que no se entrega mucha es de esa información sensible y sí se ven abusos en las declaratorias de reservas de información”, manifestó.
Castro también critica que en las instituciones gubernamentales no hay un buen uso del índice de reserva, que es al final una guía para que el ciudadano esté claro qué datos son reservados.
Explica que han detectado una práctica que hasta cuando la persona solicita la información, le dicen que está reservada y luego de eso la añaden a la lista de veda.
La comisionada Herminia Funes explicó, por su parte, que hay casos en los que se ha declarado inexistente la información, y es otra manera de evadir el cumplimiento de la normativa.
Señala que ya han tenido casos donde algunas instituciones les han espetado su competencia y aseguran que a ellos “solo la Corte de Cuentas los audita”.
También dijo que hay algunas instituciones que antes de dar una respuesta al solicitante piden al IAIP que les aclaren algunas dudas sobre si es legal o no entregar tal o cual información.
Añadió que han tenido casos incluso donde las instituciones han negado información a peticionarios extranjeros, cuando la ley no limita el acceso por la nacionalidad.
Urgen reformas
Es por este tipo de situaciones, además del tiempo que ha pasado desde la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que Castro considera necesario hacerle una serie de reformas.
Uno de estos cambios es que se deje de exigir el Documento Único de Identidad (DUI) al que solicita la información.
Castro explica que en otros países no es necesario identificarse y solo se hace la solicitud de los datos que quiere.
También señala que debe establecerse mejor los criterios en los cuales se argumentan de mejor forma las reservas de información. Esto incluye revisar la redacción de las causales de reserva para ya no dejar abierto ningún portillo que lleve a seguir negando datos públicos a la ciudadanía.
En ese sentido, propone cambiar un aspecto del proceso de apelación: el que exige al demandado que envíe la información al Instituto, porque se atiene a lo que el ente obligado le presenta.
Por ello, sugiere que sea el IAIP el que llegue a la institución a corroborar si los datos son reservados.
“Ese es un tema que nosotros también creemos que deben plantearse en esa reforma para que tenga esa facultad el Instituto a la hora de que se presente una reserva de información”, apunta.
Castro asegura que estos y otros puntos serán desarrollados por el Grupo Promotor de la LAIP y luego presentados a la Asamblea. Eso sí, lo que exhorta con antelación es que con estas propuestas los diputados no busquen hacer lo contrario y dejar “sin dientes” la normativa que está empoderando a la población.
La comisionada Funes ve positivo los beneficios que la LAIP ha traído, pues cada vez hay más ciudadanos que están exigiendo cuentas a las instituciones del Estado.