La demanda de transparencia y el interés público de los salvadoreños invocó El Diario de Hoy ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que se revele el informe de auditoría de la Corte de Cuentas sobre el proyecto de El Chaparral, los gastos en que incurrió y el “arreglo directo” que se avaló en el gobierno de Funes para pagarle $108.5 millones a la empresa Astaldi pese a que dejó abandonados los trabajos.
El IAIP celebró ayer la audiencia para dirimir la petición de este periódico, que estuvo representado por su editor subjefe, Mario González, y el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
La Corte de Cuentas, que estuvo representada por el abogado Lisandro Campos, se ha negado a entregar dicho informe a este periódico argumentando que aún está en proceso y que no puede violar la presunción de inocencia de personas mencionadas en la auditoría.
Específicamente se le ha solicitado a la Corte de Cuentas el “Examen especial a la ejecución del contrato llave en mano No. CEL-4143-S, suscrito entre CEL y la empresa Astaldi S.P.A para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por el periodo del 05 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y a la adjudicación y ejecución del contrato No. CEL-4177-S, suscrito entre CEL y el consorcio Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. y Euroestudios S.L. para la prestación de servicios de supervisión a la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral por el periodo del 05 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013”.
En la audiencia pública, el editor subjefe de El Diario de Hoy y su abogado recalcaron que su petición se basa en la obligación que tienen las instituciones de ser transparentes, en el interés público y en el derecho constitucional de los salvadoreños de acceso a la información.
“El propósito de nuestra gestión es responder al clamor de todos los salvadoreños de tener mayor transparencia en las instituciones; en segundo lugar, que se revelen todos los detalles de esta obra, pues se pagaron 108.5 millones de dólares por una obra que quedó inconclusa”, explicó González.
Por su parte, el abogado Bertrand Galindo explicó que es totalmente legal la solicitud de dicha información, pues ya hubo una resolución en la fase administrativa.
“Todo esto (es) para conocer cuáles habían sido los hallazgos de la Corte y qué había encontrado con el elemento de supervisión. Y esto tenía mucho que ver porque ha habido una discusión pública en cuán definido estaba el diseño básico de las instalaciones, cuánto se sabía del proceso geológico de los bordes de la presa y cuánto además, había avanzado realmente el proyecto”, especificó el letrado.
Agregó que “hay bastantes indicios de la supervisión (que) había determinado que el avance de la obra no era el porcentaje que realmente se pagó”, aseveró Bertrand Galindo.
En un informe preliminar, al que El Diario de Hoy tuvo acceso, los auditores de la Corte de Cuentas cuestionan el “arreglo directo” que defendió el expresidente Funes y por el cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le pagó $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, pese a que dejó inconcluso el proyecto.
Astaldi recibió un pago equivalente a casi el 50% de la obra, pero los auditores dijeron que el avance real era del 29.28%, según los supervisores. El valor total de la obra era era de $219 millones.
En el mismo informe, los auditores dijeron que no hay documentación que respaldara la decisión de pagarles ese dinero a los italianos y que éstos usaron parte de los fondos en otros proyectos.
Esa auditoría le recrimina a la CEL por no haberle reclamado la garantía a la empresa por supuesto uso inadecuado de los anticipos.
Bertrand Galindo explicó que hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se establece que la Corte de Cuentas tiene una instancia administrativa que es la que determina responsabilidades de ese índole. Y no está limitada la entrega del documento que se requiere.
Por su parte, el representante legal de la Corte de Cuentas, Lisandro Campos, defendió la negativa de la institución a revelar la auditoría diciendo que la documentación solicitada está reservada porque el informe final de auditoría pasó al área jurisdiccional, justamente por contener presunta responsabilidad, pero no dio más detalles.
Los comisionados tienen tres días hábiles para resolver a la petición de este Periódico, según establece la ley.