Teniendo en cuenta que despartidizar a los organismos electorales será un proceso “lento y complejo”, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han comenzado a tomar providencias, incluso, antes de que los diputados legislen sobre el tema, y desde ya plantean algunas alternativas con las que podrían despartidizar las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Aunque los magistrados afirman que además de despartidizar los organismos electorales, tal como lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la clave también está en contar con personal debidamente capacitado para desempeñarse en las mesas receptoras de votos.
Según dicen, han discutido las posibles rutas a seguir para cumplir con la sentencia: que tanto las JRV como las Juntas Electorales Departamentales (JED) como las Juntas Electorales Municipales (JEM) no las integren gente afiliada o vinculada a partidos.
Los diputados todavía no tienen una posición concreta; sin embargo, el último acuerdo al que llegaron es que cada partido llevaría sus propuestas de reformas electorales a la Comisión, según informó ayer el jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero.
Según dijo, el partido tricolor ya diseñó un proyecto propio pero dijo que lo revelaría hasta el próximo martes que se reúne la Comisión de Reformas Electorales.
Mientras tanto, los magistrados ya tienen ideas de como iniciar un proceso que el magistrado Fernando Argüello Téllez califica de “complicado”, y de “riesgo” porque se trata de sustituir a cinco miembros propietarios de mesas receptoras de votos y cinco suplentes, lo que implica tener “un ejército” de personas que no tengan ninguna vinculación partidaria. Esto debe llevar al TSE a “construir su propio sistema”, afirmó el magistrado Ulises Rivas.
El magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó por su lado que esto en números significa que el TSE debe cerciorarse que un promedio de 120 mil personas que apoyen en las JRV para cada evento electoral no deben tener ninguna relación, afiliación o vínculo con los partidos políticos.
¿Cómo lo harán? Cada magistrado tiene su propia idea, algunas coincidentes, y se basan en experiencias que ya se aplican en México y Uruguay.
“Se podría pensar en publicar los listados que propongan los partidos y dar 30 días para que la persona que supiera que si éste tiene algún tipo de vinculación con un partido, que lo diga y lo denuncie y nosotros lo analizamos, pero nosotros tomarnos esa atribución de definir quién está materialmente vinculado, yo creo que es riesgoso”, indicó Argüello Téllez.
Añade que otra opción sería hacer un sorteo por centro de votación, es decir, dentro de los que están en el padrón de determinado centro de votación, aunque admite que eso requeriría de regulación legal para volverlo obligatorio. Esto ante la posibilidad de que alguien no asista, poder aplicar sanciones fuertes, dijo.
El magistrado Cardoza, por su parte, dice que el TSE tiene la obligación de investigar y depurar y que es una tarea que iniciaron desde que la Sala de lo Constitucional falló para que las JRV se despartidicen.
“Esa tarea de investigación y de depuración, desde ya le queda al TSE independientemente de lo que hagan los partidos. Eso implicaría entrar en un proceso de depuración de los listados que entregan los partidos y de pedirles nuevas propuestas hasta tratar de completar la cantidad de personas en todos y cada uno de los municipios, siguiendo el lineamiento que da la ley que las personas que formen mesa deben de ser del municipio, no pueden moverse”, manifestó Cardoza.
Añadió que cuando se logre tener un listado depurado tendrían que proceder a realizar la indagación para garantizar que no haya relación formal ni material, lo cual implica hacer entrevistas, revisar padrones, una tarea que sería responsabilidad del TSE.
“La Sala nuevamente nos vuelve a tirar la responsabilidad, en defecto de lo que haga la Asamblea. Hay otros diseños que se utilizan en otros países, por ejemplo, el diseño de México que la rifa se hace directamente del padrón electoral, usted agarra el padrón por mesa y hace un sorteo de los miembros de la mesa, de las 500 personas (por mesa) que aparece allí y van sacando los 10 miembros, haciendo una especie de depuración que llene una especie de requisitos”, explicó.
Lo anterior implicaría una reforma legal, pero dice que si los partidos llegan a ese consenso pondrían otro sistema que opere. “Yo entendería que si usamos este sistema, entonces ya no tendríamos tanta obligación de hacer una verificación tan exhaustiva, porque aquí lo aleatorio estaría marcando la tendencia”, afirmó Cardoza.
El magistrado Rivas es de la idea que el TSE construya su propio sistema, lo cual significa cruzar los padrones que tienen con los de los partidos.
“Para mí sería digitalizar los archivos de afiliación de todos los partidos y crear un sistema que lo conecte a toda la base de datos de todos los partidos de sus afiliados, conectarlo, cruzar los datos y de allí ir sacando a todas las personas partidarias”, afirmó Rivas.
Y es que Rivas considera que en el país no se ha manejado bien el concepto de quiénes realmente militan para un determinado partido político, y trae a cuenta que siendo uno de los requisitos para inscribirse en el TSE como instituto político presentar como mínimo 50 mil firmas de afiliación, cualquiera se inscribe pero no significa que participe de reuniones o que tenga una vinculación directa.
“¿A qué se le da la categoría de afiliación política?, que dieron el visto bueno para que un partido naciera, se necesitan 50 mil firmas; ¿de dónde se sacan?, van a las universidades, cafeterías, hospitales, centros comerciales, pero es gente que nunca se vuelve a reunir con ese partido”, reflexionó Rivas.
Las finanzas, otro escollo
El tema financiero tampoco escapa a las expectativas de los magistrados, quienes visualizan desde como financiarán la capacitación de los nuevos miembros de las JRV, a lo que Rivas llama o “personal acreditado”, un requisito que asegura deberá ser primordial para integrar las JRV.
“Estamos preparando el presupuesto 2016 y que sin duda no puede estar desconectado de la planeación del proceso electoral de 2018, no lo podemos ver aislado. Hay tareas que van a ir surgiendo en el camino y posiblemente empecemos hoy que veamos el presupuesto a tener que tomar algunas acciones específicas ya en la línea de cumplir estas obligaciones”, acotó Cardoza.
Las capacitaciones iniciarían desde 2017, según la magistrada Guadalupe Medina, quien planteó otra de las propuestas que es compartida también por el resto de magistrados, el de tomar personas de las gremiales de abogados y de universidades.
Añadió Medina que harán una evaluación externa del proceso electoral, cuyos resultados serían presentados posteriormente a la Asamblea, ya que prevén que de ese proceso surjan propuestas de reformas al Código Electoral.