Aunque el FMLN sigue pidiendo a la Sala de lo Constitucional, a través de sus diputados y del Presidente Salvador Sánchez Cerén, que quite las restricciones para que el Gobierno pueda emitir $900 millones en bonos y combatir la delincuencia, tienen al menos $138 millones en préstamos que no han usado.
Estos fondos, que son producto total de tres créditos otorgados por igual número de instituciones bancarias a nivel mundial, fueron aprobados entre 2013 y 2015 por la Asamblea Legislativa, para ser gestionados y disponer del dinero para el combate de la violencia.
Por ejemplo, el empréstito más antiguo es el otorgado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue avalado por la Asamblea el 3 de octubre de 2013. Son $71 millones de los que puede disponer el Gobierno para el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”.
Según el decreto 503, se aprobó el contrato de préstamo Nº 2102 con el BCIE y desde ese año el Ejecutivo cuenta con esos fondos para mejorar el sistema penitenciario pero hasta la semana pasada no se había utilizado nada de ese dinero. Al menos no se ha informado públicamente.
Fue el pasado 20 de agosto, durante un acto público de las obras con las que se finalizará la tercera etapa del penal de Izalco, que las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad anunciaron que se utilizarán $8 millones, de los $71 que están disponibles.
Según reportes del Ministerio de Hacienda, que están en su página web, hay otros proyectos que pese a tener fondos asignados no han sido ejecutados como: la ampliación del Centro Penal de Izalco, la readecuación de granjas penitenciarias tanto en Izalco (Sonsonate), como en Zacatecoluca (La Paz) y en el municipio Santa Ana (Santa Ana).
En los reportes de 2014 y 2015 también se establece que parte de los fondos del préstamo del BCIE están destinados para el fortalecimiento institucional, pero cuando se revisó el monto ejecutado hasta el momento, aparece que es de cero.
Otro fondos otorgados al país por parte de instituciones extranjeras son los del banco alemán gubernamental Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), los cuales fueron aprobados el 9 de abril de 2015.
Se trata de 17 millones de euros ($22 millones), de los cuales €7 millones fueron dados en calidad de préstamo (poco más de $9.1 millones) y €10 millones son producto de donación (poco más de $12.8 millones).
En la memoria de labores más reciente del Ministerio de Hacienda, presentada en junio de 2015, se ven reflejados solo los $9.1 millones del préstamo y ahí se establece que aún no se ha hecho ningún desembolso al momento.
Según los documentos, este dinero está destinado para financiar el proyecto “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR”.
Según las condiciones del contrato, ese dinero será utilizado únicamente para la construcción , reparación y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, cofinanciamiento del trabajo y la capacitación con jóvenes.
Y el tercer préstamo es el contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $45 millones. Este fue avalado por la Asamblea el 9 de abril de 2015, pero tampoco se ha utilizado el dinero. Estos fondos están destinado para un programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia.
Algunos de los proyectos en los que se debe invertir estos recursos son los brazaletes electrónicos, dotación de equipamiento para centros penales, sistemas que permitan identificar, controlar y vigilar la introducción de objetos ilícitos a las penitenciarías y proyectos que ayuden a prevenir la violencia juvenil.
El BID informó a diputados de la Comisión de Hacienda, en julio pasado, que hasta el momento no se ha ejecutado ni una parte de esos fondos.
Ante tal situación, diputados y representantes de partidos políticos han cuestionado que no se usen los fondos.
Carmen Elena de Escalón, diputada de ARENA y miembro de la Comisión de Hacienda, considera que el motivo por el cual esto ocurre son por fines “electoreros”.
“Tendríamos que ver el préstamo para cuando quedó el primer desembolso (sobre el de $45 millones) y porqué no se hizo. Fue aprobado y ratificado en abril debería estar ejecutándose, (aunque) no en su totalidad”, afirmó.
Misael Mejía, diputado del FMLN, manifestó que el informe de Hacienda ya tiene desfase “de algunos días” y dice no creer que la ejecución de estos fondos este a cero.
“El informe, bueno, tendría que revisarlo, no es de que esté a cero. ARENA miente cuando plantea que para el tema de seguridad hay recursos, eso no es cierto”, defendió.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, expresó que el Gobierno debería estar asegurando la ejecución de esos fondos.
“Hay que pedir explicaciones al Ejecutivo (sobre) qué está pasando. Algunos préstamos están destinados exclusivamente para medidas especificas”, indicó.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, afirmó que le exigirán al Gobierno la ejecución de los préstamos.
“¿Cuál es la manera de resolverlo? Que la ley exija poner un techo mínimo del 80% de ejecución, como se ejecutan cada año (los préstamos), según los convenios, en ese marco que se exija”, expresó.