A pesar de que hace más de cuatro años entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con la que la población puede conocer datos referentes al funcionamiento de las instituciones públicas y el desempeño de los funcionarios, instituciones como la Casa Presidencial y la Corte de Cuentas siguen impidiendo el acceso a datos oficiosos que dicta la ley y son de interés para la ciudadanía.
Tanto ciudadanos como investigadores y medios de comunicación vienen recibiendo un no por respuesta a solicitudes de información oficiosa argumentando reserva, es decir, no se pueden dar a conocer a la ciudadanía.
Recientemente, la Corte de Cuentas de la República le negó a El Diario de Hoy una copia del examen especial a la ejecución del contrato llave en mano suscrito entre CEL y la empresa Astaldi S.p.A. para la construcción de la presa El Chaparral, cuya finalización se hizo mediante un cuestionado arreglo directo.
La Corte no accedió, alegando que se trata de “información reservada”. El Diario de Hoy ha recurrido al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que el documento sea liberado.
Por el interés del público, El Diario de Hoy publicó el informe preliminar de la Corte, al cual tuvo acceso, y en el cual se le cuestiona a la CEL que pagara a Astaldi $108.5 millones, pese a que esta dejó abandonada la obra.
Aunque la CEL ahora dice tener el informe final en el que no le señalan irregularidades, en el preliminar los auditores sí le cuestionaron que el cálculo de los $108.5 millones no fue respaldado con documentos, que no procedió contra la Astaldi por incumplir el contrato ni tomó en cuenta las advertencias de sus propios supervisores ni los de las dos firmas externas de que la obra estaba atrasada en más de un 68 % al momento del arreglo directo, por tanto no correspondía lo pagado con el avance real de la obra.
Otro ejemplo reciente es el aval que dio el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la reserva a la información a pagos por servicios de publicidad, a los gastos de los viajes del expresidente Mauricio Funes y Vanda Pignato, así como a los gastos en atenciones protocolarias a funcionarios internacionales.
De esa manera, el IAIP respaldó el alegato de la Presidencia de que, por ejemplo, revelar los gastos de viajes de Funes y Pignato pone en peligro la seguridad nacional, pese a que el solicitante, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), argumentó que había pedido costos de viajes pasados no de los futuros ni datos de planes de seguridad.
Tras la apelación de la Funde-Alac ante el IAIP, este ratificó su decisión de mantener el secretismo impuesto por Capres que había dictado en diciembre.
Otro ejemplo es la negativa de la Corte de Cuentas a brindarle a El Diario de Hoy una copia de una auditoría a la “Gestión de tecnologías e información del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)”.
En ese documento, al que también tuvo acceso El Diario de Hoy, se le señaló por ejemplo la duplicidad de 410 Documentos Únicos de Identidad (DUI), es decir, asignó dos documentos con distinto número a una misma persona.
Además le achacaron los auditores al RNPN que no hizo pruebas de huellas dactilares en duicentros sino que en la empresa contratada para emitir los DUI, así como errores de digitación, entre otros.
La auditoría vino luego de las elecciones presidenciales de 2014 que dejaron como ganador al efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
La importancia de esta auditoría es que advierte de fallas en el proceso de registro de ciudadanos que vigila el RNPN y del que se elabora el padrón de electores.
La LAIP establece claramente en los artículos 10 y 16 que información de este tipo que ha sido negada debe estar al alcance del público.
El artículo 10 le obliga a todas las instituciones publicar de oficio gastos en viajes (viáticos incluidos), presupuesto asignado y su ejecución, salarios entre otros.
En el artículo 16 le obliga a la Corte de Cuentas a publicar los informes finales de auditorías practicadas a los entes estatales obligados.
Fusadeslo ha advertido
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) advirtieron en mayo pasado de la creciente negativa a datos oficiosos por parte de varias instituciones.
Fusades destacó en su informe importantes avances en acceso a la información pública desde la entrada en vigencia de la LAIP, pero que se percibía “un creciente abuso en la aplicación de las causales de reserva” por parte de las entidades obligadas.
Según Fusades, a esto también se agregaba la práctica de declarar información como inexistente, como un mecanismo para evadir la entrega de la información, con base en datos que presentó la institución pero que después de 30 apelaciones ante el IAIP por esa causa, en siete ocasiones resultó que a información sí estaba en poder de las entidades públicas.
De acuerdo al análisis elaborado por Fusades, el lenguaje técnico que se maneja en el interior del Instituto también ha sido una de las limitantes para obtener información y cita el ejemplo de una entrevista brindada por el comisionado Jaime Campos en la que concordó en que se visualiza un ánimo de denegar información a partir de tecnicismos.
Y como ejemplo, decía que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia el número de jueces que habían aprobado o reprobado las últimas dos evaluaciones que ha llevado dicha institución y que la respuesta fue no se le podía dar dicha información porque no existe la categoría de aprobado o reprobado, sino que se da la de satisfactorio o no satisfactorio.
Fusades denunció que investigadores de su Observatorio Judicial han tenido similares experiencias, al hacer consultas a dicha oficina de información, donde no se cumple con el mandato de la LAIP de facilitar el acceso a los solicitantes, sino que se exige utilizar el lenguaje interno de la institución o detalles excesivos e implícitos cuando se realizan las solicitudes.
Funde-Alac: hay abuso
En su informe sobre el derecho al acceso a la información, la Funde-Alac reveló que instituciones como la Presidencia de la República y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) se resisten a brindar información pública.
Pero además destacaba a la Corte de Cuentas y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa entre las que dilataban datos solicitados.
El informe se basó en 71 solicitudes de información que contienen 217 requerimientos a distintas instituciones del Estado. Las peticiones fueron hechas por ciudadanos con apoyo de Funde-Alac entre enero y abril de 2015.
El director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, afirmó en ese momento que hay un abuso en establecer reservas en las instituciones que se resisten a brindar datos públicos, algo que “vuelve bastante complicado el acceso a la información”.
Roberto Burgos, coordinador de Alac, es de la idea que se ha mantenido una constante en las instituciones que se niegan a brindar cierta información y en los argumentos para clasificar los datos.
En su defensa, el secretario de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno, Marco Rodríguez, dijo que los señalamientos de Funde de que los índices de reserva se habían incrementado no tenían fundamento y dio cifras a su favor de que han entregado la mayor parte de los requerimientos de información.