La información sobre los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes seguirán siendo secreto de Estado. Así lo confirmó con su resolución el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al mantener la vigencia de la reserva impuesta por Casa Presidencial.
La resolución fue emitida justo ocho meses después del fallo y a siete meses que la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), solicitara revocatoria de tal decisión.
“Esta clase de decisiones establece un precedente negativo en lo que se refiere al derecho de información pública que, si bien estamos claros ningún derecho es absoluto, tampoco pueden establecerse restricciones que desnaturalicen el mismo derecho a saber que tenemos todos los ciudadanos”, aseguró Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac.
Él sostiene que la decisión del IAIP no tiene razón de ser, puesto que al solicitar información sobre los viajes realizados por Funes y la ex primera dama, Vanda Pignato, en misiones oficiales internacionales del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, no atentan la seguridad del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, tal como argumentó la defensa de Casa Presidencial y que fue avalada por el Instituto.
En todo caso, añade, el peligro no es por la solicitud o divulgación de esa información.
“En el caso de los viajes de la expareja presidencial, nunca hemos solicitado como Alac los planes de seguridad, y venir a afirmar que esto pondría en peligro la vida, incluso del actual mandatario, es reconocer una irresponsabilidad de los aparatos de seguridad e inteligencia salvadoreñas. Si mantienen los mismos planes de seguridad que se tenían en las presidencias anteriores, quienes ponen en peligro la vida del presidente son los mismos aparatos de inteligencia”, cuestionó Burgos.
En el fallo del 18 de diciembre de 2014, el IAIP señaló que “la clasificación de reserva realizada por el ente obligado se fundamenta en que el resguardo de los planes logísticos, de transporte y los gastos incurridos, son materia de inteligencia estatal, y por ende, directamente vinculada a la seguridad individual del presidente, la seguridad pública y la defensa del Estado”.
El director del Departamento de Estudios Legales, de Fusades, Javier Castro, aseguró que con la reciente resolución, el IAIP perdió de nuevo la oportunidad de hacer valer el principio de máxima publicidad que señala la Ley de Acceso a la Información (LAIP), al negar el derecho a conocer información de carácter público.
Asimismo, señala que en el caso de los viajes de la expareja presidencial, el Instituto no responde adecuadamente al argumento de los apelantes, de que es información de hechos del pasado que difícilmente puedan comprometer a los funcionarios actuales.
“En otros países, como Estados Unidos, la información de gastos oficiales o incluso de vacaciones se pueden obtener vía solicitudes de acceso a la información”, apuntó.
El IAIP también mantiene su decisión de mantener reservada la información en detalle sobre los servicios de agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para el año 2010 y sus prórrogas. Lo único que permitió conocer son los gastos totales.
El Instituto avaló el argumento de la Presidencia de que al hace público el detalle de los datos de publicidad, estos pueden causar un perjuicio a las futuras empresas que concursen por un contrato de este tipo frente a su competencia.
Al respecto, Burgos califica estas afirmaciones como peligrosas, pues se estaría violando el principio de inocencia de los demás competidores.
En la resolución también se mantiene el secreto para los datos sobre las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en la administración de Funes.
Javier Castro asegura que esta resolución contiene “argumentos insuficientes y una interpretación de la LAIP restrictiva y errada”.
“Esta resolución del IAIP constituye un grave retroceso en acceso a la información en El Salvador”, advirtió Castro.
En los próximos días, la Funde-Alac acudirá ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues asegura que con estas resoluciones se viola el artículo 6 de la Carta Magna, que trata sobre la libertad de expresión. Burgos reitera que la información sobre los viajes de los funcionarios son públicos.