Antes que echar mano de la represión para combatir el alto índice de criminalidad que vive el país y que es atribuida a la acción de las pandillas, el Gobierno habla de otras formas de atacar el problema, entre ellas que el sector privado invierta para generar oportunidades de empleo y desarrollo para las comunidades que han sido “marginadas” y a veces hasta “estigmatizadas”.
Este planteamiento fue expuesto ayer por el ministro de Seguridad, Benito Lara, y el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún ante los diputados de la Comisión de Legislación, que los invitó para que opinaran sobre la iniciativa de establecer estados de sitio a fin de combatir el recrudecimiento de la criminalidad, que por hoy se cobra un promedio de 25 homicidios al día.
Pero esa medida la consideraron inviable los tres funcionarios de gobierno.
Según Hasbún la “responsabilidad” de lidiar con la violencia no sólo corresponde al gobierno, sino que es de todos los actores sociales del país.
“No queremos decir que nosotros no tengamos primera responsabilidad como Gobierno, pero la responsabilidad en una concepción de Estado es de todos, y una fundamental es que contribuyamos a elevar los niveles de inversión privada en el país, que abran espacios de oportunidad para todos, eso es clave, de lo contrario estaríamos en una trampa, en una rueda de caballitos, obligados solamente a la represión y yo estoy de acuerdo, no es el plan fundamentalmente basado en las capturas”, dijo Hasbún.
Al respecto, la empresa privada le ha hecho ver al Gobierno que la situación delincuencial que atraviesa el país aleja las inversiones y le ha recomendado en varias ocasiones que debe tomar las medidas pertinentes, pero que los planes de seguridad implementados por el Gobierno no han dado los frutos esperados.
Hasbún también se refirió al papel que juegan los medios de comunicación, y aunque aseguró que no quieren parecer un “Estado corporativo y menos un Estado autoritario”, pidió que ayuden a generar un clima de estabilidad, porque en su opinión “la percepción” que se genera de la violencia influye en cómo la población experimenta la situación criminal.
Lara en cambio expresó que el problema de las maras no es nuevo, es más, dijo que El Salvador cuenta ya con “la tercera generación de pandilleros” que se han venido forjando, según su criterio, desde la firma de los Acuerdos de Paz, pero adujo que es una “responsabilidad compartida”.
“Todos de una u otra manera tenemos que ver en esto, todos de una u otra manera hemos excluido a esta gente que viven en estas comunidades y hasta algunas veces las estigmatizamos y algunas veces decimos: la comunidad tal y allí metemos a todos y de verdad que eso es un error”, argumentó Lara.
De acuerdo al titular de Seguridad, todas las decisiones que un Gobierno toma tiene sus repercusiones y para ello ejemplificó que el haber separado a las pandillas por su denominación en las cárceles tuvo un resultado negativo.
Así terminaron su presentación Hasbún, Lara y el ministro de la Defensa, David Munguía Payés ante los diputados.