l Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) recibió ayer el aval del presidente de la República para convertirse en un sistema de pensiones privado, elevar los años de jubilación y el porcentaje de cotización, entre otras medidas, como parte de una reforma que le permita afrontar la difícil situación fiscal que atraviesa desde hace algunos años.
A través de un comunicado elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, el mandatario dijo que respalda la reforma legal que la institución presentó a la Asamblea Legislativa en el gobierno anterior y que, entre sus principales cambios, contempla subir a 56 años la edad de jubilación (ahora es 50 años) y elevar a 18% la cotización (ahora es 15%).
“En términos generales el mandatario ha establecido que le da el respaldo a la iniciativa de ley presentada por el IPSFA a la Asamblea Legislativa durante el gobierno anterior”, señala el escueto comunicado.
Además delegó a la Secretaría y al Ministerio de Hacienda para que “aseguren los recursos necesarios para cubrir el déficit previsional que la institución armada tiene en la actualidad”, indica el documento.
De acuerdo con el gerente general del IPSFA, René Díaz Argueta, las reservas de la institución solo alcanzan para pagar las pensiones de los militares hasta 2016 y su déficit fiscal asciende a más de $1,300 millones.
Díaz Argueta dijo que solo cambiando el sistema de pensiones se puede detener el déficit fiscal que tiene la institución.
“Lo que vamos a hacer es cambiar el sistema. Vamos a establecer un sistema de capitalización. Este sistema va a resolver con seguridad todos los problemas que tiene el sistema de reparto, porque no va a depender de la cantidad de cotizantes, sino del ahorro individual”, explicó en marzo pasado el coronel.
Según Díaz Argueta, el IPSFA se enfrenta hoy a un déficit debido a que el número de beneficiarios es mucho más alto que el de los afiliados que aportan cada mes a la institución.
Para que el sistema fuera sostenible, el IPSFA debería tener más de 110 mil cotizantes, pero solo tiene 40,125 versus 22,058 pensionados, de los cuales la mayoría (11,822) son familiares de solados muertos en combate durante la guerra, y otros 6,392 son militares que, por ley, se retiran a los 50 años.
La reforma en mención fue presentada a la Asamblea Legislativa en 2013 y desde esa fecha no ha avanzado en la discusión de los diputados.
Mientras tanto, el IPSFA cada vez más se ha ido quedando sin dinero y tenido que alquilar y vender propiedades para responder al compromiso que adquirió con los militares.
Las reformas están en estudio en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y aún se desconoce si serán discutidas junto a otras reformas previsionales que se preparan para el sistema de pensiones general o si se discutirían por aparte.
El Diario de Hoy consultó al gerente sobre el respaldo que mostró Sánchez Cerén a su iniciativa, pero este remitió todas las dudas al ministro de Defensa, general David Munguía Payés.
Carga para el Estado
Asumir el déficit fiscal que tiene el IPSFA significa hacerse responsable del pago de más de más de $20 millones (registrados a diciembre de 2014) pues sus ingresos no son suficientes para atender los gastos que suman cada año.
Pero para el economista Rafael Lemus, la responsabilidad que asume el Gobierno es dudosa tomando en cuenta que las autoridades le han negado el bono de $600 a un grupo de militares y asegura no contar con dinero para otros gastos de seguridad.
“Hay que ser realistas. No sé cómo dicen que no hay dinero para una cosa, pero sí para otra”, dijo el economista.
El déficit del IPSFA también se suma a un significativo déficit que el Gobierno mantiene en el sistema de pensiones público y que también está en discusión en la Asamblea Legislativa.
Cada año el Gobierno debe pagar a los pensionados del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) un estimado de $400 millones, que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, este año subirá hasta los $500 millones. Para cubrirlos, el Estado toma ese dinero prestado a través de un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que toma del dinero de los cotizantes del sistema de pensiones privado.
Aún así, el Gobierno prepara una reforma de pensiones pues asegura que las finanzas públicas ya no pueden mantener el déficit que representa para el Estado.
El IPSFA, mientras tanto, ha continuado con la venta y alquiler de sus activos para mantener un poco más de liquidez en sus finanzas.
También está invirtiendo el dinero en un instrumentos financieros que les generen un poco más de rentabilidad.
Con un nuevo sistema, cada quien sería dueño de su dinero, en cuentas personales.