La resolución judicial en el caso CEL-Enel es un “triunfo de la razón y la justicia”, consideró la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Pero también el fallo es el reflejo de que este proceso penal y civil fue un caso débil, sin pruebas y que se prestó para ejercer una persecución política contra opositores, a juicio de la entidad privada.
Javier Castro, director del departamento de estudios legales de la institución, indicó que quedó demostrado que nunca se actuó de forma premeditada y no existió intento de apropiación o malversación de fondos públicos por parte de los hoy exacusados.
“Ha prevalecido la ley sobre la arbitrariedad porque los juicios políticos minan el Estado de Derecho. La resolución hace prevalecer la justicia”, valoró Castro.
Además reconoció que las acusaciones nunca se basaron en criterios técnicos y jurídicos, por lo que Fusades expresó en diferentes ocasiones que el Acuerdo Marco era “vinculante” para ponerle fin a un caso con una fuerte carga política.
“Los argumentos siempre fueron débiles e incluso se llegó a decir que el caso estaba en crisis. Hoy tenemos que trabajar en reconstruir la confianza del país y creemos que el reto es trabajar, fortalecer la institucionalidad”, agregó.
Por su parte Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), celebró la decisión del Tribunal y consideró que la gestión pública y la justicia no pueden ser utilizadas con propósitos de revanchismo o motivos políticos.
“Siempre se quiso perseguir a opositores y esto resta al diálogo y fomenta más polarización. Desde el momento que Casa Presidencial financió el caso ya nos daba a entender que muchas cosas estaban detrás. Afortunadamente la justicia da la razón a la verdad”, dijo Cardenal.
Sin embargo el líder gremial recordó que después del “largo y desgastante proceso” se perdió un importante socio estratégico, se ahuyentó la inversión privada y se sentó un mal precedente en el cumplimiento del Estado de derecho y la ley.
“El peculado o cualquier delito debe ser perseguido, pero no con venganzas políticas. Sin duda que después de leer todos los documentos relacionados con el caso nos damos cuenta que no habían cargos penales, todo era político”, puntualizó Cardenal.
Mientras tanto la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Ana Vilma de Escobar, afirmó que cerrar este caso le devolverá al país confianza para la inversión extranjera, aunque reconoció que este proceso será lento debido al desgaste institucional y político que se ha vivido.
“Se hace justicia y creemos que hoy podemos iniciar un nuevo ciclo, pero tenemos que trabajar todos para enviar señales claras”, agregó la diputada.
Francisco Bertrand calificó de “saludable” el acuerdo porque puso de manifiesto la voluntad entre las partes de sacar adelante el prolongado conflicto y dijo que la resolución del tribunal es razonable en función del cumplimiento del Acuerdo Marco.